El juez Raúl José Iglesias (Sala I, Cámara Penal) rechazó el pedido de probation (suspensión del juicio a cambio de tareas comunitarias) realizado por el único acusado de tener una participación clave en el robo de 195.000 pesos, perpetrado por una banda armada la madrugada del 31 de julio de 2006 en el Casino del Parque, ubicado entonces al lado de la Legislatura Provincial. El magistrado consideró que no cabía otorgar ese beneficio a Roque Hugo Bustos (52) por su calidad de funcionario público, la misma posición que habían tomado en el caso el fiscal de Cámara Penal, Gustavo Manini, y el representante de la Fiscalía de Estado (parte querellante) Gerardo Fernández Collado, dijeron fuentes judiciales.
En teoría, Bustos debería enfrentar un juicio oral y público que podría acarrearle penas de entre 3 y 10 años, pero sus defensores Francisco Constantini y Gastón Gil evalúan si solicitarán a la Corte de Justicia que revise el fallo, pues entienden que sí cabe la probation a favor de cliente. Bustos, había pedido no ir a juicio a cambio a una reparación simbólica del daño causado (ofreció $2.000) y hacer tareas de limpieza y reparación tres veces por semana, durante un año, en la parroquia Santa Bárbara de Pocito, precisaron las fuentes.
Su defensa asegura que Bustos no cumplía funciones de tesorero, que era un empleado común y que así se diluía la idea de considerar el hecho como un delito especial contra la administración pública.
Distinta fue la posición de la acusación. El fiscal que acusó a Bustos, Carlos Rodríguez, entendió que hay pruebas para considerar que sin la participación de este empleado con funciones de tesorero, difícilmente esos tres ladrones nunca identificados hubieran robado.
Así, atribuyó a Bustos haber facilitado a los ladrones datos claves: como que aquel lunes había una recaudación abultada. Que a la hora de cierre se le abría a un canillita (uno de los delincuentes fingió ser ese empleado para reducir a tres policías). O que no funcionaba el circuito cerrado de video y por lo tanto no quedarían filmados.
Para el fiscal quedó probada la vinculación de Bustos, además, porque luego del robo compró de contado una moto por $7.200, un casco por $230, un teléfono en $500 (más gastos de telefonía por un importe similar) y realizó refacciones por más de $6.000 en la casa de sus suegros, cuando no cobraba más de $1.000 porque el resto se le embargaba por cuota alimentaria. Y no lo convenció que pagara todo con $14.000 de la venta de una finca de sus suegros, realizada más de un año atrás.