El ex secretario penal Nº4 del juzgado federal, Carlos Tacca, volvió a negar ayer ante el juez Miguel Gálvez que hubiera descontrol en el manejo de los expedientes y los secuestros de plata y drogas al narcotráfico que tenía a su cargo, dijeron fuentes judiciales. Tacca quedó sospechado de no cumplir sus deberes de funcionario público y supuesta malversación negligente de caudales públicos, luego de que el fiscal Francisco Maldonado considerara que su actuación podía tacharse de delictiva, al menos por no darse cuenta de que un ex empleado ya detenido de esa misma secretaría, Sergio Puentedura, había sustraído entre 2010 y marzo de este año, por lo menos unos 40.050 pesos vinculados a unas 50 causas. Y también 2,275 kg de cocaína, 36,663 de marihuana y 877 porros, relacionados a 22 causas tramitadas en su secretaría, indicaron.
Pero la contundente evidencia de la falta de plata y drogas (fueron reemplazadas por sustancias como yeso, pasto o bicarbonato, entre otras), el sospechoso y caótico manejo de causas atribuido a Puentedura (tenía incluso causas paralizadas sin motivo) no es la única prueba que juega contra el exfuncionario.
En la investigación, constan las declaraciones de la actual secretaria, María Laura Farina, que lo complica porque (según la funcionaria) el mismo Tacca le reconoció que nunca había hecho el relevamiento de causas y secuestros que ordenó el juez Leopoldo Rago Gallo, luego del primer escandaloso robo de plata y drogas en ese juzgado, que se atribuyó al ahora ex empleado Rogelio Videla afectado a la secretaría penal nº5.
También están los dichos de otros empleados que señalan que Tacca dejaba las llaves de las habitaciones donde estaban los secuestros en un cajón que permanecía abierto, estuviera él o no. Y que lo mismo sucedía con las llaves de la caja fuerte donde se guardaba el dinero: quedaban en una estantería, detrás de un código, al alcance de cualquier empleado, estuviera o no el secretario, dijeron.
A pesar de estas declaraciones, Tacca sólo se limitó a apuntar a Puentedura (sin nombrarlo) como alguien que “se aprovechó del sistema, violó el principio de confianza”.
Ahora, el juez debe resolver.