La Corte de Justicia provincial, confirmó la condena de 14 años de cárcel contra un empresario, por amenazar con una pistola y un cuchillo a una chica para obligarla a que le practicara sexo oral y, luego, robarle el teléfono móvil, a plena luz del día en Rawson, dijeron fuentes judiciales. En su fallo, los ministros Juan Carlos Caballero Vidal, Carlos Balaguer y Adolfo Caballero, también rechazaron el planteo de la defensa para reclamar ante el máximo tribunal del país. La última opción del empresario José Armando Aranda (45), es un recurso de queja por denegación de justicia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informaron.

Así, Aranda quedó a un paso de tener una segunda condena firme por un delito similar: en diciembre de 2012 admitió haber atacado a golpes, manoseado e intentado robar a punta de pistola a una mujer en el barrio Chacabuco, Capital, el 19 de noviembre de 2009. Y en la Sala II de la Cámara Penal le dieron 3 años y 2 meses de cárcel.

El caso por el que recibió un duro castigo de 14 años en la Sala III de la Cámara Penal, había ocurrido el mediodía del 26 de diciembre de 2008 en Rawson. Ese día, la víctima, por entonces de 17 años, volvía de comprar curitas cuando se le acercó un desconocido para preguntarle por la dirección de una escuela en el barrio Centinela, en Rivadavia. Cuando ella se la dio, le puso un arma en el abdomen y un cuchillo en el cuello, la llevó a la vereda de una casa abandonada, abusó de ella y le robó.

La chica reconoció luego en fotos a Aranda como ese sujeto, también en rueda de personas. Y un psicólogo aseguró que no fabulaba y presentaba signos de ser una víctima de abuso sexual. De Aranda en cambio aseguraron que tenía conflictos con su sexualidad.

Sin embargo la defensa insistió en que el fallo era arbitrario porque la chica había sido inducida por la Policía a reconocer en fotos a su cliente. Y, entre otros planteos, también cuestionó la descripción que realizó sobre los genitales de Aranda sin tener en cuenta un notorio problema de piel del acusado en esa zona.

La Corte sin embargo, compartió el fallo del tribunal sentenciante al asegurar que estuvo ajustado a derecho y no violentó ningún derecho ni garantía del imputado.