Un comerciante sospechado de infectar con mayonesa descompuesta a por lo menos 19 personas que, en octubre pasado, consumieron distintos productos (principalmente tacos, pachatas, ensaladas) de sus locales llamados ‘Fusión Gastronómica’ en Capital y Rivadavia, evitó ayer ser enjuiciado por el delito de ‘adulteración peligrosa de sustancias alimentarias cometido por negligencia, en perjuicio de la Salud Pública’. A través de su defensor Franco Montes, Alberto Eduardo Pacheco Tozzi acordó con el fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales, Adrián Riveros, la suspensión del juicio durante un año (probation) y someterse a prueba durante ese período con el cumplimiento de 60 horas de trabajo por cinco meses en favor de la comunidad, en el municipio de Capital. Pacheco ofreció, además, el pago simbólico de $100.000 como reparación del daño causado, dinero que será destinado a distintos merenderos. El juez de Garantías, Andrés Abelín Cottonaro, concedió esa salida para el caso que, de cumplirse, significará la extinción de la acción penal para el comerciante, es decir que será sobreseído y en su planilla prontuarial no le figurará ese antecedente.
El hecho había perjudicado a unas 30 personas (incluidos varios niños) que, entre los días 8, 9 y 10 de octubre pasados, manifestaron distintos síntomas como fiebre, diarrea, vómitos, dolores abdominales y calambres. Al menos 19 de esos infectados concurrieron a Salud Pública a reclamar (algunos aportaron muestras de la comida) porque estaban convencidos de que había sido los alimentos de ‘Fusión Gastronómica’ (en avenida Córdoba 1265 Oeste, Capital, y Libertador al 4069 Oeste, Rivadavia) lo que los había enfermado, al punto de que varios necesitaron de internación en centros de salud para poder recuperarse.
La investigación iniciada entonces en Salud Pública y la Justicia de Faltas concluyó que había sido la mayonesa elaborada en los locales de Pacheco la que estaba contaminada con dos bacterias: Salmonella SP+, que produce gastroenteritis, y BSR (bacterias de sulfato reductoras). Y fueron esas conclusiones las que provocaron que el caso fuese derivado a la UFI de Delitos Especiales coordinada por el fiscal Adrián Riveros, ante la sospecha de que no estaban ante una contravención y sí ante un delito por adulteración peligrosa de alimentos contra la salud pública.
Fiscalía también lo consideró así y, luego de la investigación preliminar, llegó a la conclusión de que cabía mantener la sospecha contra Pacheco por un delito para el cual se prevén penas de entre 2 y 5 años de cárcel. Sin embargo ayer, se presentó una salida alternativa, la probation, que cerraría el caso para siempre.