El programador detenido ayer en Capital en el marco de una investigación por una presunta incriminación en una red distribuidora de pornografía infantil fue enviado preventivamente al Penal de Chimbas. La prisión preventiva es por un plazo de 6 meses, tiempo en el que será sometido a requisas diarias según lo que ordenó la jueza de Garantías Celia Maldonado.
¿Por qué? Ese punto fue pedido por la Fiscalía, para asegurarse que el imputado no posea dispositivos electrónicos con los que pueda entorpecer la investigación o eliminar evidencia.
El acusado es Darío Nicolás Marún Poblete (28). En su presentación dijo a la jueza que es estudiante, sin especificar de qué. Pero los pesquisas de la UFI Anivi que comanda el fiscal Raúl Iglesias revelaron que cuando lo detenían les confesó que era programador de informática.
De allí el temor de los investigadores sobre el poder que el sospechoso puede tener si accede a algún dispositivo durante su estadía en la cárcel.
Marún Poblete hoy se negó a declarar. Le imputan el delito de tenencia, facilitación y distribución de pornografía infantil, agravado porque las víctimas son menores de 13 años.
Sus defensores, Andrés Troche y Santiago Tascharet, se opusieron a esa calificación y pidieron para su cliente la libertad, proponiendo alguna medida menor gravosa como la promesa de él de someterse al proceso sin entorpecerlo.
Los abogados solicitaron, subsidiariamente y si no procedía ese planteo anterior, que al imputado se lo beneficiara con prisión domiciliaria. Dijeron que tiene una patología psiquiátrica que debe ser analizada por una junta médica y propusieron la instalación de un inhibidor de señal para que en su casa no pudiera realizar ninguna acción que atente contra el proceso.
Pero la jueza Maldonado adhirió por completo al pedido de Fiscalía: 1 año para la investigación penal preparatoria (IPP) y 6 meses de preventiva en el Penal con requisas todos los días.
Durante la jornada siguen las audiencias contra los otros sospechosos involucrados.
LA INVESTIGACIÓN
La investigación tuvo su origen en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y en la Agencia Central de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de Acre de Brasil, cuyos pesquisas utilizaron un programa informático que capta información de los usuarios de Internet que descargan y comparten material con contenido de explotación sexual infantil. Así, detectaron navegantes de diferentes provincias argentinas, de acuerdo a las direcciones IP, la identificación de una red de una computadora. De esa manera, saltó la pista local y, después de un mes y medio de investigación, el equipo de la Unidad Anivi, bajo la dirección del fiscal Raúl Iglesias, realizó los operativos simultáneos con personal policial a las 6.30 de ayer. Los procedimientos se efectuaron a la misma hora y el mismo día en todo el país, tras un trabajo coordinado de los Ministerios Públicos de todas las provincias, que recibieron los reportes del nexo nacional local, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.