La jueza de Ejecución Penal, Margarita Camus, salió ayer a reforzar con datos extraídos de sus sentencias, por qué dijo a mediados del mes pasado que eran "truchas" las estadísticas que difundió el Fiscal General de la Corte de Justicia, Eduardo Quattropani, sobre la cantidad de presos que violaban el régimen de sus salidas de la cárcel de Chimbas. Así, por ejemplo, el jefe de los fiscales divulgó que entre 2007 y 2009, de un total de 217 presos que accedieron a beneficios extramuros (salidas transitorias, semilibertad, libertad asistida, libertad condicional, prisión domiciliaria) un 44% habían quebrantado el régimen por no volver al penal convirtiéndose en prófugos (la mayoría) o por cometer nuevos delitos.
Pero en las cifras difundidas ayer por la jueza Camus en el mismo período la cantidad de presos que accedieron a esos beneficios fue significativamente mayor (407 de 986 condenados) y dentro de ese total sólo un 34% habían quebrantado el régimen, es decir un 10% menos de lo revelado por la Fiscalía General (Ver infografía).
Las cifras de Quattropani desataron una cruda polémica, porque para el jefe de los fiscales eso demostraba que los internos no recibían ningún tratamiento serio en la cárcel y así se convertían en un peligro para la sociedad, gracias a que -disparó- la jueza Camus y la Corte de Justicia los liberaban sin más requisito que haber cumplido con la antigüedad necesaria en prisión para poder empezar a salir.
Ante esas afirmaciones, Camus replicó duramente. Dudó de los conocimientos criminológicos del fiscal, aseguró que el tratamiento era un tema mucho más complejo que sólo el aspecto psicológico y afirmó que sus fallos estaban todos fundados en ley y ratificados por el máximo tribunal provincial.
También criticó que Quattropani saliera a debatir por los medios y de paso se quejó del Ejecutivo porque no había cumplido una intimación de la Corte de Justicia, en febrero del año pasado, para dotar de mayor personal al Servicio Penitenciario, ya que tenían 4 psicólogos, dos asistentes sociales y algunos médicos para tratar a unos 750 internos. Y eso fue reconocido como una falencia del sistema que -dijo- no se podía atribuir al interno para impedirle el beneficio.
"Nuestro nivel de reincidencia (9%) esta muy por debajo de la media nacional (21%). Y esto de atribuir sin datos de que existe un incremento de la criminalidad es irresponsable (aludía a Quattropani) y aparte no contribuye a cumplir el artículo 1ro. de la ley de ejecución penal que promueve la comprensión y el apoyo de la sociedad para que los penados puedan reinsertarse socialmente", dijo ayer la jueza.