"Me cag… la vida con esto, yo tengo que sostener seis niños con mi trabajo, ¿qué hago ahora? Todo esto es una mentira, yo y ella nos juntamos por amor, quisimos armar una familia… ella tenía problemas con mi madrastra y mi hermana, no conmigo. Con mi papá (Raúl Aramayo) ya pasamos 6 meses y 9 días presos y ahora ya no lo tengo, en mayo pasado murió por covid con 49 años, y de ahí me hice cargo de mis seis hermanitos por el ser el mayor… yo quería limpiar su nombre, que se sepa la verdad… hace cuatro años que no veo ni sé nada de mis hijas y ahora esto… ¿qué voy a hacer ahora?". Al borde de las lágrimas, Miguel Ángel Aramayo (30) no podía creer el resultado del juicio, que desde ayer lo tiene como el único imputado con una marca inédita: es el primero en San Juan en ser condenado a 10 años de cárcel, porque se consideró que la unión de hecho iniciada con una niña de 14 años en 2013 no fue un caso más de la tradición archiconocida de la comunidad gitana previo pago de una dote (en este caso $50.000) sino parte de una maniobra delictiva.
El fiscal federal Francisco Maldonado había calificado ese delito como trata de personas en su modalidad de explotación por "unión de hecho forzada", agravada por la vulnerabilidad y la minoridad de la víctima, y por haber consumado la explotación. Según el fiscal, de las pruebas se desprendió que había sufrido violencia verbal y física, de su "marido" y de la familia de este joven. También consideró acreditado que la niña estaba virtualmente presa en una casa, en la que no le permitían salir ni acceder a comunicarse con su familia.
Para el fiscal también se probó que cuando esa menor estaba por tener a la primera de sus dos nenas con sólo 15 años, el ahora condenado participó en la maniobra para crearle un DNI a nombre de otra (Johana Estefanía Juan fue el nombre falso), y con ello hizo incierto o adulteró su estado civil, además de cometer el delito de falsedad ideológica de documento público. Por todo eso, había pedido un castigo de 12 años.
La jueza del Tribunal Oral Federal local, Eliana Rattá de Rivas, convalidó el planteo fiscal, aplicó una condena de 10 años de cárcel para Aramayo y ordenó -tal como pidió Fiscalía- anular las partidas de nacimiento de las dos hijas de la chica gitana y confeccionar nuevos documentos, para ellas y también para su madre.
El caso había sido denunciado por la madre de esa chica gitana, hoy de 22 años, el 6 de enero de 2017. Fue después que la menor llegara hasta un vecino y consiguiera internet para comunicarse con una de sus hermanas. Entonces la mujer viajó desde Entre Ríos y en el acto se motorizó un operativo que concluyó con el "rescate" de la menor y el arresto de los Aramayo.
Ayer, en sus alegatos, el abogado defensor de Aramayo, Oscar Adárvez, había pedido la absolución de su cliente, por varias razones, entre las que destacó que esa unión de hecho no fue forzada sino "libre" y que nació del "amor" entre esa chica niña y su cliente. También aseguró que la dote no es un pago para comprar una persona, sino parte de una "costumbre ancestral" en esa comunidad, en la que ese "pago simbólico", es una "indemnización" a la familia de la mujer, por haberla criado y cuidado.
"Todo esto se armó desde el comienzo en base a una mentira. La madre de esa niña dijo que la había contactado en Entre Ríos, cuando eso no fue así porque se conocieron en Caleta Olivia, Santa Cruz. Y ya en Cámara Gesell, la propia chica contó que se llevaba bien con su marido y que tenía problemas pero con la madrastra y la hermana mayor de él. Si ella se quería ir era por eso, acá no hubo delito", dijo Adárvez. A pesar de la condena, Aramayo seguirá en libertad hasta que la sentencia quede firme, pues su defensor pedirá que un tribunal superior revise el fallo.