Non reformatio in peius. En derecho penal, esa expresión latina se traduce generalmente al español como la imposibilidad del juzgador de reformar para peor o en perjuicio del imputado de un delito, más cuando es él mismo (y no la Fiscalía) quien apela o reclama por un fallo en su contra. Ese principio jurídico en favor del acusado fue el argumento basal del defensor oficial Carlos Reiloba para pedir a los jueces de la Sala III de la Cámara Penal que desliguen para siempre con un sobreseimiento por prescripción al ahora defendido suyo, el abogado Dardo Ortega.
En 2005, este letrado fue denunciado por su propia hija y madre del niño (tenía entonces 4 años) por presunto abuso sexual. En marzo de 2007, la Sala II de la Cámara Penal lo condenó a 3 años sin encierro, sólo por el abuso de su nieto. Y en octubre de ese año la Corte de Justicia anuló ese fallo, por arbitrario y carente de fundamentación, pues daba por sentado que pudo abusar de ambos menores pero sólo lo condenó por el caso de su pariente.
Así, la causa pasó a la Sala III que debía enjuiciarlo otra vez, pero allí hubo varias idas y vueltas, pues Ortega planteó, sin éxito, la probation, entre otros reclamos. El juicio debía comenzar ahora, en marzo, pero allí Reiloba pidió archivar todo por la aplicación de un “derecho constitucional” en favor de su defendido y el consecuente vencimiento de los plazos legales para perseguir y sancionar a un sospechoso.
¿Cómo operaría la non reformatio in peius en favor de Ortega? Reiloba entiende que desde el momento en que la defensa reclamó por aquella condena y no la Fiscalía (como en este caso), no se puede empeorar ahora la situación del letrado con una condena más grave que aquel castigo de 3 años. Y que, en consecuencia, debe declararse la prescripción, pues desde que la Corte anuló el primer fallo, ya pasaron más de 10 años y, por ley, debe entenderse que se vencieron los plazos para resolver la situación del abogado.
Ahora los jueces Eugenio Barbera, Maximiliano Blejman y el subrogante Raúl José Iglesias considerarán la opinión de la Fiscalía antes de resolver. Si entienden que Reiloba tiene razón, el caso será archivado. Si consideran lo contrario, Ortega deberá sentarse otra vez en el banquillo de los acusados.