El fiscal de Cámara Penal, José Eduardo Mallea, llegó a la Corte de Justicia con su reclamo para que allí se revise y se anule, ‘por arbitrario y carente de fundamentación’, el fallo de un caso resonante: el que declaró ilegal la detención de Juan Manuel Castro, un vendedor ambulante de 27 años que pasó 22 meses preso acusado de violar a una mujer, delito por el que también lo absolvieron por el beneficio de la duda. Castro quedó libre el 26 de abril pasado, porque los jueces Héctor Fili, Eugenio Barbera y Ricardo Alfredo Conte Grand (Sala III, Cámara Penal), fallaron que, en la mañana del 4 de junio de 2010, policías de la seccional 26ta. lo apresaron y revisaron en busca de pruebas el departamento que habitaba en el barrio Luz y Fuerza, Chimbas, sin la orden de un juez.

En su sentencia, el tribunal ordenó también investigar a dos policías por el operativo declarado ilegal (fallaron por la nulidad absoluta del acta realizada) Y dejó bajo sospecha a la víctima y otros testigos por considerar que pudieron mentir en sus declaraciones contra el imputado.

El fallo representó una clara adhesión a la defensa de Castro, ejercida por los defensores Fernando Castro y Federico Petrignani. Y fue para la fiscalía un duro revés, pues Mallea había calificado de correcto y legal el operativo policial. Y además consideró probado el delito y la responsabilidad del acusado, para quien pidió 9 años de cárcel.

En un extenso escrito que analizará el máximo tribunal provincial, Mallea cuestionó tres puntos de la sentencia de la Sala III: la nulidad del acta con la detención de Castro y el secuestro de pruebas; la absolución del imputado; y el envío de copias para que se investigue a los policías, a la víctima y otros testigos por posibles delitos.

Así, Mallea reiteró que aquella vez los policías llegaron al departamento de Castro por la denuncia de la mujer. Que no pidieron orden judicial para allanar porque no sabían donde ocurrió el delito. Que la misma víctima los acompañó y les indicó donde era. Que cuando llegaron Castro fue sorprendido, perseguido y apresado fuera del departamento que ocupaba. Que así lo atestiguó un vecino, además de los policías. Que la puerta de ese departamento ya estaba rota. Que no se acreditó que los policías la rompieran y que pudo destruirla el mismo acusado, pues la víctima declaró que al llegar con ella amenazada con un cuchillo en el cuello, le dio una patada para abrirla.

Que las lesiones del acusado pudieron producirse por la posición adoptada durante la violación y también por su resistencia a ser detenido. Que el acusado estaba bajo los efectos secundarios de la ingesta de cocaína. Que no hay razón para no creerle a la víctima y darle todo el crédito al imputado.

Que si el acta policial anulada tenía carácter absoluto, como falló el tribunal, debió dejar libre a Castro mucho antes y no al final de un juicio.

Para Mallea, todos esos puntos ‘demuestran la sinrazón, injusticia y arbitrariedad del fallo’.