La defensa de una contadora pública del Ministerio de Gobierno sospechada de participar en el pedido ilegal de $20.000 que un colega (delegado fiscal de la misma cartera) realizó a un proveedor del Estado con la idea de favorecerlo en un concurso de precios para fumigar la cárcel de Chimbas, pidió al juez Pablo Flores (Segundo Juzgado de Instrucción) anular todas las actuaciones, desligar a su clienta con un sobreseimiento y dejar expresamente aclarado que la causa no afecta su buen nombre y honor.
El sonado caso estalló el 14 de junio del año pasado en un resto bar frente al Centro Cívico, tras la denuncia del proveedor Luis Guerra y el operativo ordenado por el juez par que entregue $10.000 en billetes marcados al funcionario. Esa vez el delegado fiscal Carlos Correa fue detenido luego de recibir la plata de manos de Guerra, y el mismo día también apresaron a la contadora Mariela Fernández Achem.
Según fuentes judiciales, fue Fernando Castro, defensor de Fernández Achem, quien pidió la nulidad. Ayer el letrado sólo confirmó su planteo pero no dio detalles: ‘No hablo de causas en trámite’, dijo. En cambio otras fuentes dijeron que el letrado argumentó que todo es nulo porque Guerra operó como ‘agente encubierto’, algo ilegal porque es una figura exclusivamente reservada para resolver casos de drogas o delitos aduaneros.
También -dijeron- calificó a Guerra como ‘agente provocador’ pues en principio se negó a pagar la supuesta ‘exacción ilegal’ aclarando que Fernández (su contadora) jamás le dijo que el dinero era para ella y nunca lo incitó a pagar. Y porque Guerra aceptó luego dar el dinero a sabiendas de que no la perdería tras la denuncia, lo que a su entender no configura delito.
Ahora, el juez Flores debe resolver.