El problema surgió en una audiencia del juicio contra un sujeto, denunciado por su pareja por violencia doméstica. El 14 de diciembre pasado fue detenido en el Loteo Municipal de Las Chacritas, 9 de Julio, y como parte de las medidas de rigor se le secuestró su teléfono celular, porque generalmente en esos aparatos suele quedar constancia de los hechos denunciados. El caso llegó enseguida a juicio al fuero de Flagrancia y a fines de diciembre se solicitó que declarara el perito que figuraba en un acta, como quien había realizado un informe técnico, que no es más que una descripción del aparato con sus datos fundamentales. Sin embargo, cuando Diego Galdeano se presentó ante el juez, negó haber sido convocado para efectuar el informe técnico del teléfono y, sobre todo, la firma que se le atribuía.
Ese juicio siguió su curso, pero enseguida la sospechosa acta elaborada en la seccional 31ra. se convirtió en una denuncia a investigar en la UFI de Delitos Especiales que dirige el fiscal Francisco Pizarro. Con la colaboración de la ayudante fiscal Gemma Cabrera, enseguida comenzó la recolección de evidencia para determinar quiénes pudieron haber confeccionado esa supuesta falsificación de un documento público.
Los delitos investigados por Fiscalía tienen penas que permiten la libertad del imputado
Y los primeros complicados en esa averiguación resultaron los dos policías que firmaron, dando fe de la autenticidad que no tenía ese acto del proceso. Por ahora, fueron identificados como un oficial de apellido Montilla y un comisario de apellido Montaño.
Todo indica que, en los próximos días, Fiscalía determinará que sean formalmente imputados por no cumplir sus deberes y, principalmente, por la falsificación, delito que se agrava por ser sus presuntos autores funcionarios públicos, informaron fuentes judiciales.
CASO CALCADO
El 27 de diciembre pasado, otros dos policías empezaron a ser investigados por un caso calcado al de Las Chacritas. El comisario inspector Marcelo Paredes y el oficial ayudante Mauro José Gómez (trabajaban en la seccional 5ta) firmaron un acta, en la que constaba el supuesto informe técnico de un teléfono secuestrado a Diego Pereira, un sujeto sospechado de haber cometido un robo agravado por el uso de un arma blanca contra una mujer.
Ese informe fue atribuido al perito Leonardo Campillay que, en Flagrancia, negó rotundamente haber elaborado y firmado ese trabajo.
Aquella vez, el único que dio su versión de los hechos para intentar despegar del caso fue Paredes. Negó ser el autor de la falsificación y pidió que periten su firma para corroborarlo. También aclaró que desde Flagrancia les piden no demorar más de 24 horas con requerimientos para resolver un caso. Y que si bien sus superiores les exigen estar presentes y controlar cada acto de una investigación, eso es imposible porque como comisario debe atender a requerimientos de distintos órganos judiciales y, a la par, ocuparse de las tareas operativas y administrativas de toda comisaría.
Los delitos investigados, tienen penas de ejecución condicional y permiten la libertad del imputado durante el proceso.