Policías que en una planilla figuraban cumpliendo el servicio adicional pago del operativo "Máxima Seguridad" y en el mismo horario aparecían también en funciones laborales normales o haciendo otros adicionales. En la denuncia se describían casos más groseros: efectivos que recibieron dinero y no trabajaron. O estaban anotados para cobrar cuando no podían, por sanciones o por licencia médica. Hubo además planillas con sellos de una persona pero con el nombre o jerarquías de otro o con un número de padrón distinto. Esas anomalías, descubiertas a la hora de pagar en Hacienda, representaban para el jefe de Policía, Miguel González, un presunto fraude y otros delitos contra el Estado, cometidos durante la vigencia del operativo "Máxima Seguridad" entre el 24 de octubre y 7 de noviembre de 2003, últimos meses de gestión bloquista. Y por eso puso la denuncia el 22 de febrero de 2004. Pero desde ayer, siete años y medio después del hecho, el expediente, con más de 2.000 fojas, pasó al archivo.

La decisión se hizo oficial en la Sala II de la Cámara en lo Penal luego de que la fiscal Leticia Ferrón de Rago (actuó en reemplazo de Alicia Esquivel), no recurriera ante la Corte y consintiera así el fallo del mismo tribunal que, con los votos de Ernesto Kerman, Juan Carlos Peluc Noguera y el subrogante Eugenio Barbera, resolvió que la voluminosa causa había prescrito.

Desde la Fiscalía de Estado dijeron ayer que al no recurrir la Fiscalía penal, por ley, tampoco podían hacerlo. Por lo bajo, trascendió que también comparten el fallo sobre la prescripción.

En esa sentencia, los jueces habían destacado que la apelación del fiscal Daniel Guillén oponiéndose al sobreseimiento dictado por el juez Leopoldo Zavalla Pringles a fines de 2008, llegó a la Sala II cuando restaban 4 o 5 meses para que prescribiera (pasó casi todo el tiempo en el Primer Juzgado de Instrucción), tiempo insuficiente para tramitarla por la gran cantidad de imputados. Que no se podía someter a tamaño estado indefinición a los implicados: "El Estado no puede avalar semejante arbitrariedad e ineficacia operativa en cualquiera de sus poderes", dijo Kerman.

Y porque, básicamente, los delitos prescribían individualmente y no había ocurrido nada para interrumpir el plazo más extenso de investigación, la pena máxima del delito más grave (6 años por fraude). Ese tiempo podía suspenderse por la comisión de un nuevo delito, la indagatoria, la elevación a juicio, la citación a juicio y el fallo, y eso no ocurrió. En la causa, sólo se llamó a los implicados a prestar una declaración informativa o no juramentada (con asistencia letrada). Los jueces consideraron que tampoco se daba el otro obstáculo para interrumpir los plazos: la calidad de funcionarios públicos. Opinaron que eso sólo no basta ya que varios fallos hablan de funcionarios con cierta jerarquía para influir o entorpecer el caso, algo que no se dio.

La consecuencia directa de la decisión de archivar todo, es para los 35 policías investigados un alivio porque así dejaron de estar bajo sospecha más de 7 años, aunque la mayoría (en la Policía hablan de 31) recibieron sanciones luego de la investigación interna.