Hacía tres meses que los inquilinos no pagaban el alquiler y eso tenía bastante disconforme al dueño de casa, que más de una vez les había dicho que se fueran, que le desalojaran la habitación. Más de una vez, también, cuando salían, le había puesto candado en la puerta. El punto máximo de discordia entre Antonio Manuel "Toni" Muñoz (70 años, jubilado, vendedor de autos) y su inquilino Esteban Alberto Riveros (29) ocurrió entre los primeros minutos y casi la 1 del 3 de agosto de 2020 en su casa de la Villa Paolini, Pocito. Según el expediente, esa vez se produjo la enésima discusión entre ambos, pero esta vez Riveros llevaría las cosas a un nivel de violencia insospechado, porque atacó a trompadas y patadas al jubilado hasta darle muerte.
Una amiga del hombre y una sobrina fueron las que lo encontraron todo ensangrentado aquella vez, sobre el mediodía, cuando su amiga se acercó a ver por qué no atendía el teléfono.
Las miradas de los pesquisas apuntaron en el acto a Riveros, porque resultaba raro que, ante el ataque de un extraño, los cuatro perros de la víctima no hubieran reaccionado. Y entonces era más razonable pensar que el homicida era conocido de los animales.
El testimonio de la pareja de Riveros fue clave para esclarecer el caso, porque esa joven dijo escuchó a su pareja discutir con alguien y también que percibió ruidos extraños. También dijo que, al llegar, Riveros le ordenó trancar la puerta por dentro de la habitación y que se acostó vestido. Otros puntos en el relato de la joven resultaron contradictorios con la versión de su pareja, que finalmente terminó procesado con prisión preventiva por el homicidio agravado por ensañamiento contra Muñoz.
Ahora, Riveros llegó a juicio en la Sala II de la Cámara Penal, y a través de su abogada María Noriega, acordó un cambio de calificación (pactaron un homicidio simple) y una rebaja en el castigo: 12 años de cárcel.
Esa propuesta ya fue ratificada el último viernes ante los jueces Maximiliano Blejman, Silvina Rosso de Balanza y Juan Bautista Bueno de la Cruz, quienes decidirán si aceptan o no esa salida alternativa para el caso. Si lo hacen, por ley, estarán impedidos de imponer un mayor castigo.