Alberto Castillo (45) ya se negó a declarar. Nada dijo acerca de si la ventana de una vieja casa en una finca suya en Cochagual Sur, Sarmiento, fue electrificada o no a propósito. Igual le imputaron homicidio simple con dolo eventual, un delito que se configura cuando el autor se representa que podía matar y es indiferente a ese resultado. Y sigue preso porque un niño vecino de su finca, Lautaro Miranda (14) tocó esa ventana y murió pese a los intentos de los médicos en el hospital de Media Agua la mañana del pasado 2 de junio. Aquel pudo ser un doble homicidio, porque un hermano de la víctima, de 9 años, intentó rescatarlo y también sufrió una descarga.
Saber si esa ventana fue electrificada es un interrogante clave. Por eso el último martes, el juez del caso, Benedicto Correa, la fiscal Claudia Salica, peritos de bomberos y personal de Criminalística, viajaron hasta la finca de Castillo en calle El Topón entre Dominguito y Zavalla, en Cochagual Sur. Y realizaron una inspección en el lugar, pero sobre todo una exhaustiva pericia en las instalaciones eléctricas, con especial atención en la ventana atada con alambres y con hierros que el niño tocó aquella mañana con resultados letales.
En principio, circuló la versión de que apenas ocurrió el desenlace mortal, Castillo llegó y retiró un cable conectado a esa ventana. Pero fuentes judiciales informaron que, por ahora, no hay ningún testigo ni otra evidencia que indique que el sospechoso pudo concretar esa maniobra para desligarse.
Lo que sí observaron, a simple vista, es que las instalaciones de la vieja y abandonada casa de adobes escenario de la desgracia, posee un cableado precario y pésimas condiciones.
Y ahora se espera el informe de un perito de Bomberos para determinar si la ventana que tocó el niño pudo electrificarse por accidente o por un acto deliberado de Castillo, indicaron.
Ese informe podría servir para seguir considerando que Castillo debe ser procesado por homicidio simple (penas de entre 8 y 25 años), o si cabe aplicarle una figura culposa, es decir por no haber previsto o no haber tomado los recaudos para evitar eventuales accidentes.
Si el juez y la fiscal consideran que cabe aplicar esta última opción, Castillo recuperará la libertad.