Una de cal y otra de arena para el político José Adolfo Ibazeta, exintendente y actual concejal en Calingasta. Ayer pudo recuperar su libertad por el conmovedor caso del nene Juan Hilario Uribe (4), muerto por el pesado arco metálico sin ninguna sujeción que le cayó sobre la cabeza el último domingo en Barreal, cuando jugaba con otros niños. Ibazeta está complicado porque se le atribuye ser el dueño del predio para eventos (de 18 metros por 36) que la familia del nene había alquilado para festejar el cumpleaños de uno de sus hijos y que era administrado por el gendarme Gustavo Alberto Campillay. Ayer, el fiscal de Delitos Especiales Francisco Micheltorena solicitó al juez de garantías Diego Sánz que, al igual que el gendarme, le impute homicidio culposo y que, además, le aplique una medida cautelar de no innovar sobre su patrimonio, es decir que le impida transferir, comerciar o realizar cualquier otra operación que implique deshacerse de sus bienes ante una eventual demanda por daños y perjuicios de la familia.
"Ante una situación tan lamentable como esta, la víctima (la familia del menor) está anulada moral y psíquicamente", dijo el fiscal, que contó el apoyo del propio imputado y su defensor, Franco Marchese, sobre esa cautelar. Y aunque en principio el juez rechazó el planteo, lo reconsideró a pedido de Fiscalía y se la aplicó por 6 meses.
Antes de esa decisión, el abogado de Ibazeta negó que tuviera la explotación conjunta con el gendarme del predio (dijo que se lo presta) donde ocurrió la desgracia y rechazó el delito de homicidio culposo. Es más, Ibazeta negó ser el dueño del terreno: dijo que lo recibió como parte de pago y con un poder que lo autorizaba a inscribirlo a su nombre, pero tras la muerte del anterior dueño él no fue reconocido en el sucesorio. Y que actualmente pretende hacer una posesión veinteañal.