La causa contra la gitana de 21 años acusada de promover la prostitución de una hermana menor de edad empezó a investigarse el pasado 5 de febrero, día en el que otra hermana -mayor que ella- asistió a la UFI Anivi para denunciarla.
Según fuentes judiciales, la denunciante expresó ante los pesquisas que tenía conocimiento de que su hermana menor se prostituía desde hacía un año aproximadamente, bajo el consentimiento y la ayuda de la hoy imputada, con quien convivía junto a otros familiares en un asentamiento de Pocito. La acusadora dijo que la menor de 17 años era "manejada" por la joven de 21.
Además, reveló que su hermanita, con conocimiento de la sospechosa, se encontraba con hombres en la zona de calle 16 y Aberastain, en Pocito. Y que había advertido que de forma continua se vestía "de forma inapropiada" y que "salía seguido y a cualquier hora" para juntarse con los hombres, cuyas identidades -aseguró- desconoce.
Por otro lado, la denunciante afirmó que tanto la acusada como la presunta víctima se filmaban y sacaban fotos desnudas y que a ese material pornográfico lo vendían.
También dijo a los pesquisas que a su hermana menor le giraban dinero a través de una cuenta de Mercado Pago (billetera virtual) que la acusada administraba. "Sé que maneja bastante plata", señaló, y agregó que intuía que era producto de la actividad de prostituirse.
Hay que aclarar que la denunciante dijo que su hermana de 21 años padece un leve retraso mental pero que no tiene certificado de discapacidad. Al respecto, en la Justicia indicaron que el examen mental arrojó que puede someterse al proceso penal.
LA CAUSA
Este jueves el juez de Garantías Javier Figuerola ordenó abrir una investigación penal contra la gitana de 21 años, quien llegó a la audiencia de formalización en libertad y continuará el proceso de esa manera.
El ayudante fiscal Rodrigo Cabral (UFI Anivi) imputó a la acusada el delito de facilitación a la prostitución, que se castiga con una escala de 5 a 10 años de prisión debido a la relación de sangre entre las involucradas.
Asistida por el ayudante de la defensoría oficial Lucas Quiroga, la imputada se negó a declarar.
A pedido de Fiscalía, el juez le impuso a la joven algunas reglas de conducta para asegurarse que no entorpecerá la investigación ni se fugará, como la obligación de presentarse periódicamente a la comisaría más cercana a su domicilio y la prohibición de contactar y de acercarse a su hermana menor y la otra mayor que fue quien radicó la denuncia.
Cabe aclarar que la acusada fue excluida del hogar y que ahora vive con su pareja, en Rawson. En la audiencia de hoy dijo estar embarazada, mientras que fuentes judiciales señalaron que no tiene antecedentes penales.
El juez Figuerola otorgó a Fiscalía un plazo de 6 meses para llevar adelante la investigación.