Decisión tomada: el caso del megafraude con casas del IPV que, entre marzo de 2009 y abril de 2010, perjudicó a unas 200 familias por grandes sumas y otros bienes, tendrá un juicio oral y público sólo para dos imputados: Marcos Barragán y su madre Miriam Quiroga, quienes siempre dijeron ser dos víctimas más de los verdaderos mentores del millonario engaño, dijeron fuentes judiciales. Los otros tres acusados se beneficiarán con la suspensión de juicio a prueba (probation), una salida con requisitos mínimos que, de cumplirlos, le significará al beneficiado la extinción de la acción penal, es decir quedar libre de culpa y cargo y sin antecedentes en su planilla prontuarial.
Según los voceros, esa definición en la causa (con fecha de juicio a fijar el próximo año) la tomaron los jueces Silvia Peña Sansó de Ruiz, Juan Carlos Caballero Vidal (h) y Raúl José Iglesias (Sala I, Cámara Penal). Y significará para Carlos Alberto Albornoz (sindicado como cabecilla), Pedro Roldán y Alejandra Dragui, la posibilidad de no tener juicio por un período de entre 1 y 3 años y cumplir tareas cumunitarias a favor de un organismo de bien público, por el tiempo que estime el tribunal (entre 6 meses y 2 años), entre otras condiciones.
La consecuencia de no cumplir alguna de esas obligaciones puede acarrearles que se les revoque el beneficio y vayan a juicio.
Esta última alternativa fue la que sorpresivamente tomaron Barragán y su madre. Fue toda una sorpresa porque luego de pedir la probation, ambos desistieron por escrito y pidieron ir a juicio pues sostienen que fueron dos víctimas más, principalmente de Albornoz.
El juicio oral y público promete tener alto voltaje, sobre todo porque Barragán considera que Albornoz, aquella vez, sí tenía conexión con el Gobierno.
El resonante caso había ganado la escena mediática en abril de 2010, cuando decenas de personas denunciaron haber pagado entre $7.000 y $20.000 o haber dado vehículos por una casa del IPV, que nunca llegó. El principal cabecilla, Carlos Albornoz, dirigía entonces el “Movimiento Agropecuario Provincial”, con sede en Rawson, donde mayormente captaban a los incautos.