Un médico le pidió ayer al juez Raúl José Iglesias (Sala I, Cámara Penal) que no lo juzgue como sospechoso de estafar a un paciente al que le sacó $6.500 por una prótesis que no le colocó en una arteria del corazón a pesar de haberlo metido en el quirófano de la clínica privada en la que trabajaba, el 9 de enero de 2004. El acusado es Carlos Mendoza (50) y a través de su defensa ofreció unos $3.000 como reparación simbólica del daño causado a Alberto Domingo Páez (tras aquella intervención estuvo grave en terapia intensiva) y tareas comunitarias por el tiempo que determine el juez (entre 1 y 3 años), en un centro privado de salud de San Luis, donde actualmente vive, dijeron fuentes judiciales.
Inicialmente, el propio Páez y su abogado Federico Rojas no se opusieron a la probation, pero en conjunto con el médico pidieron un tiempo al juez antes de que adopte una resolución, que deberá contar además con la opinión del fiscal Gustavo Manini.
Había sido la empresa de transporte de pasajeros donde trabajaba Páez la que costeó el pago de la supuesta operación porque la obra social no cubría la intervención quirúrgica ni el stent que debían ponerle.
Y fue en un chequeo de rutina realizado pocos meses después de la intervención que Páez empezó a sospechar porque Mendoza le dijo que debían ponerle otro stent en la misma arteria coronaria derecha donde ya lo había operado en conjunto con otro médico en 2003 y donde supuestamente le puso otra endoprótesis en enero de 2004.
Entonces Páez enfiló hacia la Fundación Favaloro a pesar de que Mendoza le dijo que no hacía falta consultar otra opinión. Y desde allí le requirieron los antecedentes de la operación de enero de 2004, pero luego de mucho insistir le dieron un CD en blanco.
Intimación mediante abogado, pudo conseguir finalmente la verdad: en el centro privado tenían registro de la operación del 2003 (esa vez el propio Páez pudo ver en monitores lo que le hacían), pero le informaron que no había nada del 9 de enero 2004, porque esa maniobra quirúrgica se había hecho al margen del protocolo establecido y el médico la había cobrado por su cuenta, razón por la que ya lo habían desligado de la firma.
Mendoza negó haber cometido delito alguno (cobró $3.500 por la operación y $3.000 por el stent), pero en la Fundación Favaloro confirmaron que Páez no tenía puesto ningún stent y quedó complicado.
Todo indica que podrá acceder a la probation, cuyo principal beneficio para un sospechoso, si cumple, es que el caso se archive porque se extingue la acción penal y no le queda ningún antecedente en su planilla prontuarial.