Ser declarada inimputable y seguir en su casa con su familia, como plantea su defensa. O quedar internada en un centro psiquiátrico, por su seguridad y la de terceros a causa de su peligrosidad, como lo peticionó la fiscalía. Esas dos opciones aparecen en el futuro procesal de Luciana Abregú (26), la joven hipoacúsica que la mañana del 19 de marzo de 2008 mató de un tiro en la nuca a su padre comerciante, Jorge Abregú (55) en su casa de Concepción, Capital, y luego salió a mentir que habían sido ladrones que a ella la dejaron maniatada. Pero hoy, a 6 años de ese homicidio, aún no toman una decisión sobre su futuro en esa causa que la tiene como única sospechosa.

Este particular caso en la historia criminal de la provincia se había esclarecido el 1 de abril de 2009, después de múltiples detenciones pues antes del crimen habían ocurrido dos episodios, considerados luego como actos preparatorios del desenlace trágico: un supuesto rapto con abuso sexual (sin violación) denunciado por la propia joven. Y un disparo en el interior de la casa, denunciado como un ataque por Luciana, pero atribuido a la posibilidad de que esa vez hubiese probado ese revólver calibre 38 usado luego para matar.

El hecho comenzó a ser investigado en el Cuarto Juzgado de Instrucción, sede judicial en la que consiguieron una ‘confesión’ de la chica el aquel 1 de abril, cuando su abuela encontró en el baño de su casa (allí vivían la joven y su madre tras el crimen) el celular que Luciana había denunciado como robado por los delincuentes. Ese día también hallaron las joyas y el dinero de la falsa denuncia sobre el asalto. Y hasta el arma homicida, el revólver.

Sin embargo cuando el caso llegó a juicio, el tribunal de la Sala III de la Cámara Penal, revisó el expediente y anuló todo desde la ‘confesión’ en adelante. Los jueces argumentaron que se habían cometido numerosas anomalías, como el hecho de no informarle a la joven de las pruebas en su contra, que podía designar un defensor particular o decidir si declarar o no sobre el hecho.

Entonces la causa pasó al Quinto Juzgado de Instrucción. Desde allí ordenaron otro examen con un psiquiatra y una psicóloga de Mendoza, quienes concluyeron, entre otras cosas, que tiene un desarrollo psicoevolutivo inferior al de su edad, un trastorno (delirio paranoide), que visualizaba a su padre ‘como un monstruo’ y, sobre todo, que no comprendió lo que hizo, es decir, era inimputable.

La fiscalía pidió desligarla del caso pero con internación, pues en ese informe se habla de la peligrosidad de la paciente. El defensor, Rolando Lozano, considera en cambio que puede seguir con su familia. La juez María Inés Rosselot, debe decidir.