El 9 de octubre de 2009, la juez provincial María Inés Rosselot pidió la captura de un sujeto considerado una pata clave de una supuesta asociación ilícita dedicada al negocio ilegal del robo de camionetas 4×4, para usarlas como mellizas con papeles truchos o para venderlas como autopartes a proveedores mineros. Ese sujeto es Guillermo Lucas Criscuolo (41), el único de los 20 imputados en ese escandaloso caso bautizado como la ‘Mafia de las 4×4‘, que nunca declaró y recibió varios rechazos (primero en la Justicia provincial y luego en la Federal donde quedó el caso) en su intención de no quedar preso luego de ser indagado. Sin embargo ahora, 3 años después, los sucesivos reclamos de Criscuolo a través de su defensa encabezada por Ricardo Moine, parecen encaminarse a la posibilidad de dar su versión y volver a su casa.
Según Moine, Cámara Nacional de Casación Penal falló a favor de tratar su pedido de eximición de prisión. A ese tribunal llegó Moine con un recurso de queja, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza rechazara por mayoría (un juez votó a favor del imputado) su planteo y confirmara así el rechazo de la Justicia Federal local.
‘La Cámara Nacional de Casación Penal aceptó tratar nuestro planteo y en los próximos 30 días nos fijarán una audiencia para mantenerlo. A mi entender lo más probable es que le den la eximición de prisión a mi cliente, algo que venimos reclamando desde hace varios años porque él siempre estuvo a disposición de la Justicia‘, dijo Moine.
El escándalo de las 4×4 estalló el 12 de julio de 2009. Ese día, en una finca con una bodega de Ullum en la cual Criscuolo era el principal administrador, encontraron una máquina retroexcavadora que el día anterior había sido robada a punta de arma por una banda de delincuentes en Lavalle, Mendoza. Y no sólo eso: en ese predio también encontraron vehículos robados y una gran cantidad de autopartes de 4×4, porque en el lugar funcionaba una suerte de desarmadero clandestino.
Desde ese día fue inútil dar con Criscuolo, pero el caso fue como una bola de nieve que pronto involucró a importantes empresarios ligados al rubro minero y terminó con el secuestro de unos 30 vehículos (la mayoría con anomalías) y autopartes que reflejaron un jugoso negocio clandestino.
En el medio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino por un conflicto de competencia y al final resolvió que el caso quede radicado en la Justicia Federal. Allí se ordenaron pericias y se tomó declaración indagatoria por diversos delitos a todos los implicados (salvo Criscuolo). Ahora, el caso entró en etapa de resolución.