Una mujer y su hijo, ambos abogados, empezaron ayer a ser investigados por utilizar tres documentos con firmas falsas, atribuidas a la clienta que representan en un viejo juicio civil por la división de un terreno para hacer viviendas en Rawson. Los implicados son Sonia Graciela Díaz y su hijo Gerardo David Carrizo Díaz, a quienes el fiscal Renato Roca y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi (UFI de Delitos Especiales) les imputan el delito contemplado en el artículo 292 última parte, esto es el "empleo de un instrumento privado adulterado de manera que pueda resultar perjuicio". Fiscalía decidió avanzar con la investigación contra ambos letrados, luego de que un perito calígrafo confirmara que la firma en esos escritos no es de la clienta de los abogados ahora en la mira.
VIEJA CAUSA
Había sido una denuncia que presentaron el 22 de julio de 2022, casi la totalidad de las 156 personas que finalmente pudieron hacerse de la propiedad de un terreno en Rawson, luego de un frustrante e indignante caso que los tuvo como víctimas: la estafa con casas a través de la firma "Cóndor Propiedades" hace más de 35 años.
Según los denunciantes (Sandra Ledezma es una de las principales impulsoras), luego de que consiguieran el terreno algunos propietarios fallecieron. Otros les compraron su parte a quienes decidieron vender y, al final, resolvieron hacer la división parcelaria y avanzar con obras básicas, como la urbanización y desembolsar otros gastos, como los impuestos. Hasta el momento, dijeron, ya gastaron más de 10 millones de pesos.
Sin embargo, debieron iniciar un juicio en el Primer Juzgado Civil para conseguir que un juez ordene la división del condominio, porque tres de los propietarios se negaron con el argumento de que no les convenía.
Entre esos condóminos está Martha Susana Cabaña, a quien el resto de los propietarios también denunciaron por reconocer como suya unas firmas falsas. Es más, los denunciantes aseguran que fue la propia abogada Díaz quien realizó esa firma, porque eso les informó un perito calígrafo que contrataron para hacer ese cotejo.
Los denunciantes creen que Cabaña no accede a la división del terreno como propone la mayoría ("tampoco pagó un peso de los gastos", dijeron), para que les rematen el terreno, pues no le ven otra lógica a su "empecinada" actitud de resistir ya que -dicen- no es cierto que el fraccionamiento no le convenga.
Esa denuncia fue archivada en Fiscalía, pero se reabrió luego de que la Cámara Civil entendiera que pudo cometerse un delito con la incorporación en el juicio civil de instrumentos privados adulterados o con firma falsa. Tras la constatación de esa sospecha por parte de un perito, Fiscalía avanzó con el pedido de investigar a los abogados.
La defensora oficial María Emilia Nielson, que actúa en representación de la Parte Querellante (los denunciantes), adhirió al pedido de Fiscalía, pero además creyó que los letrados pudieron cometer otro delito, como una presunta estafa procesal.
Luego de rechazar un planteo de nulidad realizado por el defensor Gustavo de la Fuente, el juez de Garantías Andrés Abelín Cottonaro dio luz verde a Fiscalía para investigar a madre de hijo, a quienes les impuso someterse al proceso y no obstaculizar la investigación, que podrá extenderse por seis meses.