El juez del Tribunal de Impugnación, Fernando Echegaray, sustituyó la prisión preventiva que el suspendido sacerdote Walter Bustos cumplía en la seccional 2da (allí pasó 36 días) por un encierro domiciliario con seguimiento electrónico. Así, el magistrado adhirió al pedido de la defensora Sandra Leveque, que solicitaba dejarlo en libertad o, en todo caso, mantenerlo preso en su casa. El 19 de mayo pasado (dos días después de caer preso), el juez Diego Sanz decidió que Bustos debía permanecer 45 días preso, por considerar que al dejarlo libre se corrían riesgos procesales, pues podía entorpecer la investigación influyendo a testigos de la nueva causa que se tramita desde el pasado 2 de mayo, cuando fue denunciado por abuso.
Ayer, la Defensa sostuvo que ya habían desaparecido los motivos por los cuales se dictó la prisión preventiva. Pidió su excarcelación o, en subsidio, que cumpla arresto domiciliario porque "su salud había desmejorado".
> NUEVA CAUSA
El 2 de mayo, un joven denunció en la UFI CAVIG que cuando tenía 15 años se acercó al religioso a buscar contención por los múltiples problemas que lo aquejaban. Según explicó, luego de que le contara todo, el sacerdote lo invitó a su casa y directamente lo encaró para mantener sexo, al menos un par de veces.
La denuncia se concretó mientras Bustos era enjuiciado por haber abusado de dos hermanos. El denunciante dijo esa vez que llegó a reclamar Justicia porque se enteró que esos jóvenes eran tratados de mentirosos y él sabía que decían la verdad.
Finalmente, en ese juicio en el que Fiscalía pidió 9 años de cárcel, un juez entendió que sólo cometió abuso simple (sin agravantes) contra el menor de los hermanos y por eso lo condenó a 1 año y 8 meses de prisión condicional (sin encierro). Lo absolvió por el beneficio de la duda de la acusación sobre los ataques sexuales al hermano mayor.
> LOS DELITOS
Para el fiscal Mario Panetta, los hechos denunciados en mayo configuran los delitos de abuso sexual por aprovechamiento de la inexperiencia sexual de la víctima y corrupción de menores, agravados por ser Bustos ministro de un culto religioso. Para esos delitos, la pena mínima es de 6 años de cárcel. Y esa fue una de las razones por las que ayer el fiscal de Impugnación, Fabrizio Médici, opinó que no debía ser excarcelado, ya que hay una posibilidad cierta de que reciba una condena efectiva y, por esa razón, es lógico que quiera fugarse.
Médici también argumentó que puede obstaculizar la investigación, pues aún resta que declaren testigos (la Defensa lo negó) sobre los que puede influir para que den versiones "desleales", como otros sacerdotes, incluido David Gómez, juez del Tribunal Diocesano que investiga a Bustos internamente.
Fiscalía analiza por estas horas si Gómez debe declarar como testigo (así lo solicitó el religioso) o como presunto autor de un delito, pues el 24 de octubre de 2018 labró un acta con la versión del nuevo denunciante, que consta en el expediente de la investigación penal canónica iniciada a Bustos.
Ese joven había dicho que Gómez y al menos otro religioso, lo hicieron "jurar por la Biblia" que debía guardar secreto sobre lo que había declarado. Y ese silencio fue el que imperó desde aquel octubre de 2018 y hasta el 9 de junio pasado, cuando Fiscalía pidió y consiguió la orden de un juez para allanar la sede del Arzobispado, donde incautaron esa acta que ahora será sometida a una pericia.
Luego, el sacerdote Gómez salió a declarar públicamente que no habían ocultado nada, negó haber amenazado, coaccionado o presionado al denunciante de Bustos. E incluso resaltó que instaron a ese joven y a su madre a denunciar el caso en la Justicia.