Los cuatro parientes que desde junio de 2011 están presos, acusados de participar en el supuesto crimen del mecánico Mario Eduardo Cuello (38) por un ataque ocurrido en medio de un altercado en el barrio Malimán, Rawson, quedaron ayer a un paso de la libertad porque no los acusaron de homicidio y sí por lesiones, un delito menor.

La fiscal Leticia Ferrón de Rago pidió para todos 5 de prisión por lesiones graves agravadas por el número de personas, basándose en la explicación del médico forense de que Cuello murió el 12 de junio de 2011 (siete días después del ataque), por una infección que podría haber adquirido por un corte de cuchillo en la oreja izquierda y parte del cuello, y que no murió por esa herida o un golpe en pecho, las lesiones más severas que detectó.

En principio, Angel Federico Ortega (26), su hermana Viviana Ortega (43) y los hijos de esta mujer, Sergio ‘Carucha’ Argüello (26) y Roberto ‘Pelado’ Argüello (20), quedaron presos por homicidio porque se creía que habían matado a Cuello a golpes y cuchillazos.

Con el tiempo la mujer quedó con arresto domiciliario porque se embarazó y hace días dio a luz, pero sus parientes siguieron presos hasta que el forense reveló el relevante dato de la infección, sin precisar donde y cómo la contrajo.

Ayer, el único que compartió la acusación fue el defensor de Viviana Ortega, Marcelo Abarca, porque entendió que su defendida lanzó algunas piedras pero pidió para ella el mínimo de la pena.
Jorge Olivera (defensor de Angel Ortega) pidió en cambio la absolución de su cliente porque consideró acreditado que no hirió con un cuchillo a cuello y que tampoco lo golpeó. En todo caso, pidió que sea condenado por el tiempo que lleva preso y por lesiones en riña.

Horacio Merino asistió a los hermanos Argüello y alegó en el mismo tono que Olivera: solicitó la absolución de sus clientes porque -dijo- en el juicio se probó que solo quisieron separar a su tío de Cuello, los contendientes iniciales del conflicto.

Ahora, los jueces Ricardo Alfredo Conte Grand, Eugenio Barbera y Eduardo Gil (Sala III, Cámara Penal) deben resolver.