La alarma saltó en el Penal de Chimbas el pasado 5 de julio. Ese día, recibieron un escueto oficio del Cuarto Juzgado de Familia, en el que, en pocas líneas, se les daba a entender que había cesado la prohibición que pesaba contra Rosana Pérez (46) para poder entrar a esa unidad penitenciaria a ver a su marido detenido. Sin embargo la forma y algunos otros detalles técnicos hicieron dudar a los penitenciarios, que en el acto se comunicaron con la jueza Marisa Valdez y todo se complicó para Pérez, porque la magistrada no había dado marcha atrás con su decisión, indicaron fuentes judiciales.
Enseguida mandó los antecedentes del caso a la UFI de Delitos Especiales, donde se recabaron los testimonios de los penitenciarios y datos elementales del caso en el Cuarto Juzgado de Familia. Y como más de un testigo (principalmente los empleados de la cárcel) señalaron a la propia Pérez como quien se apersonó para llevar ese escrito, terminó complicada en la investigación previa iniciada por Fiscalía.
Por eso ayer, el fiscal Renato Roca con el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi, le pidieron al juez de Garantías, Matías Parrón, imputarle el presunto delito de haber usado un documento público falso. Y el magistrado le dio luz verde a Fiscalía para investigarla, imponiéndole como reglas de conducta que se presente cada vez que sea citada, que no obstaculice el proceso y no salga de la provincia sin previa autorización judicial.
Luego de conocer el pedido fiscal, la mujer se abstuvo de dar su versión ante el juez. Un representante de la Defensa Oficial, Germán Riveros, negó luego los hechos atribuidos a su defendida, sin oponerse al plazo de investigación y otras medidas solicitadas por Fiscalía.
No es la primera vez que esta mujer tiene problemas con la Justicia. Según fuentes judiciales, tiene cuatro causas previas, dos por coacción, otra más por drogas (todas aún pendientes de resolución) y una cuarta por hurto simple, en la que le permitieron acceder a una probation (suspensión del juicio a prueba) el 8 de noviembre de 2017.
Según fuentes judiciales, Pérez y su esposo (de apellido Andrada) se habían conocido en la cárcel y allí consiguieron autorización para contraer matrimonio. Pero con el curso de la convivencia, las cosas se complicaron e intervino un juzgado de familia por problemas de "violencia", que derivaron en una prohibición para que la mujer se acerque a su marido detenido.
Todo indica que Pérez no soportó esa situación y el impedimento impuesto. Y se las ingenió para elaborar un oficio judicial que pretendió usar para acercarse a su esposo. El uso de un documento público falso es un delito excarcelable. Y por eso la imputada podrá enfrentar la investigación en libertad.