El 29 de abril de 2016, once allanamientos simultáneos a cargo de la Justicia Federal sacaron a la luz la protección que daban algunos policías a un grupo de narcos. El caso, que vinculó a personal de la Policía provincial y hace eco ahora que Gendarmería vuelve a registrar una Comisaría y la vivienda de miembros de la Fuerza, terminó con la detención de 5 policías y uno de ellos era el 2do jefe de Drogas Ilegales.
El caso saltó en una escucha telefónica que Gendarmería realizaba a un sujeto por otro caso, en septiembre de 2015. Como consecuencia, siete meses después, se supo que los principales implicados sabían que eran investigados: ‘Che, se comprobó lo del federal’, fue, según fuentes judiciales, la frase que precipitó al juez federal Leopoldo Rago Gallo a ordenar ayer en la madrugada 11 allanamientos y las detenciones de cinco efectivos policiales y dos civiles implicados.
En ese momento, Rago Gallo explicó que la sospecha era que los policías cobraban a los narcos para dejarlos vender drogas sin molestarlos, les avisaban cuando les iban a allanar sus casas para que eliminaran pruebas. Y también les ‘liberaban zonas’ para que cometieran otros delitos.
Los inéditos allanamientos en la Policía, sobre todo en el área que debía controlar el narcotráfico, Drogas Ilegales, terminaron con la detención del máximo jefe de Investigaciones y miembro de la Plana Mayor de la Fuerza provincial quien había ascendido dos días antes a comisario general, Héctor Raúl Páez. En su casa hallaron también una ‘pequeña’ cantidad de marihuana.
También cayeron el segundo jefe de Drogas Ilegales, el subcomisario Rolando Narváez y sus dirigidos en esa área, el oficial subinspector Eduardo ‘Perico’ Pérez y al cabo Lucas González. Personal de Gendarmería también detuvo al suboficial José Herrera, con actual destino en la seccional 4ta pero con un pasado cercano en el área de Drogas, que depende directamente de la Jefatura de Policía.