Fue un usuario del cajero automático situado frente a la seccional 6ta de Rawson el que se cansó de esperar, empezó a sospechar y enseguida se cruzó a la sede policial a plantear el problema: la presencia de una mujer, a las 8,30 de aquel 15 de octubre pasado, realizando extracciones en seguidilla con varias tarjetas de débito. Los policías fueron a ver y en el acto entrevistaban a esa "nerviosa mujer", que sólo atinó a decir que los plásticos eran de conocidos, amigos y familiares a los que les sacaba la plata del cajero.
Lo sospechoso fue que esas tarjetas, 14 en total, eran de dos planes nacionales de asistencia a personas carenciadas: el AUH (Asignación Universal por Hijo) previsto para ayudar a las familias sin trabajo con hijos; y el Plan Alimentar, destinado a combatir el hambre en la población infantil. Quedó detenida, porque el manejo de esos plásticos es "personal e intransferible". La mujer en cuestión, Yanina Soledad Ormeño (33), tenía unos 146.000 pesos, las tarjetas y sobres con anotaciones de los nombres de sus titulares, usuario y contraseña, fecha de cobro y otros datos que, en teoría, son de manejo exclusivo de los beneficiarios.
La investigación del caso pasó a la Justicia Federal, donde las cosas se complicaron para Ormeño, porque en su casa, los policías federales secuestraron más evidencia vinculada a maniobras ilegales.
Ya en presencia de un juez federal, la mujer cambió su versión inicial: ante el peso de la evidencia, dijo que las tarjetas se las habían dado voluntariamente los clientes a quienes les vendía o fiaba ropa, porque de esa manera se aseguraba de que le pagaran.
Los investigadores de la Policía Federal, sin embargo, sospecharon que Ormeño era, en realidad, prestamista. Que no era ropa lo que facilitaba a sus clientes sino dinero en efectivo con altas tasas de interés, y que se apoderaba de los plásticos de sus planes sociales para garantizarse el cobro de sus préstamos.
Cuando el caso llegó para juicio al Tribunal Oral Federal, esa línea de investigación quedó en sospecha, porque hubo un acuerdo de juicio abreviado, en el que la imputada admitió haber cometido una de las modalidades de fraude contra la administración pública y se mostró dispuesta a cumplir 2 años de encierro efectivo.
Ese acuerdo ya fue presentado por el fiscal federal Francisco Maldonado, la acusada y su defensor, Alejandro Castán, ante el juez federal Hugo Echegaray, quien dio indicios de ratificar ese pacto, pues le concedió a Ormeño la excarcelación: la mujer había conseguido, el 23 de noviembre pasado, que la autoricen a cumplir la prisión preventiva domiciliaria por tener hijos menores, informaron fuentes judiciales.
El magistrado debe resolver si acepta el delito, la participación de la imputada y la pena que acepta cumplir que, por ley, podrá ser menor o igual, pero no mayor a la propuesta.
Como el caso de "Chocolate" Rigau
En las últimas horas, la fiscal bonaerense Betina Lacki reabrió la investigación de un caso como el de Yanina Ormeño, pero de mayor resonancia mediática a nivel nacional, porque involucra al puntero político del PJ, Julio Segundo "Chocolate" Rigau, sospechado también porque en su poder encontraron 33 tarjetas de planes sociales que pertenecían a distintas personas contratadas o empleadas en la Cámara de Diputados de Buenos Aires.
La reapertura del caso ocurrió tras un fallo a favor de Rigau en la Cámara de Apelaciones, un tribunal que anuló la investigación en su contra por supuestas anomalías en la investigación. Fiscalía entiende que ese fallo no suspende la investigación y por eso ahora pretende terminar con las declaraciones de los dueños de las tarjetas, algunos de los cuales dieron una versión que apunta a no perjudicar al puntero.