El juez de Garantías Federico Rodríguez tomó ayer una decisión poco usual: en una causa en la que se investiga el homicidio culposo del changarín Rafael Morales (28), rechazó el acuerdo de juicio abreviado al que arribó la fiscalía con la defensa para condenar al imputado a 3 años de prisión, al considerar que no se cumplieron los requisitos legales porque el acusado no comprendía plenamente los detalles del pacto. Y cargó las tintas contra ambas partes, que al finalizar la audiencia anticiparon que pedirán que el fallo sea revisado por un tribunal superior porque "fue arbitrario".
Los cruces comenzaron al regresar de un cuarto intermedio concedido para que la abogada María Noriega se comunicara telefónicamente y en privado con su cliente, Roberto Carlos Pereira (42), que estaba conectado vía videollamada desde el Penal de Chimbas. Eso fue concedido luego de que el sujeto se mostrara dubitativo cuando le preguntaron si prestaba consentimiento con lo que había pactado su defensora.
Para sorpresa de las partes, al reiniciarse la audiencia el juez directamente comenzó a leer la resolución. De inmediato fue interrumpido por el fiscal Adrián Riveros (UFI Delitos Especiales). Pero el magistrado no hizo lugar a su pedido y continuó leyendo el fallo.
En el acuerdo presentado había una discrepancia, pues fiscalía pretendía que la pena sea cumplida en el Penal, mientras que la defensa solicitaba la prisión domiciliaria aduciendo que el imputado tiene una discapacidad motriz. Cuando el juez le cedió la palabra a Pereira, este pidió el beneficio de la domiciliaria y cuando le consultó si prestaba su voluntad para realizarse el acuerdo, dijo que "suponía" que sí. Esa falta de seguridad fue determinante para la decisión final de Rodríguez.
"La defensa no ha sido ejercida con la profesionalidad debida", apuntó el magistrado contra Noriega. "El Ministerio Público Fiscal debería ser más cuidadoso al llegar a los acuerdos para no afectar los derechos de la víctima", agregó, cargando contra Riveros. En esa misma línea, la madre de la víctima, Mariana Miranda, declaró que "es una burla lo que hizo la fiscalía, acordar 3 años, eso no vale la vida de mi hijo". El querellante Julio Noguera también se había manifestado en contra del acuerdo, aludiendo que el castigo era increíblemente por el mínimo de pena sin importar que el homicidio culposo estaba agravado porque Pereira se dio a la fuga luego de matar a Morales.
"La decisión no es ajustada a derecho, es muy grave institucionalmente", expresó Riveros, criticándolo por no haberle consultado nuevamente al imputado si comprendía las bases luego del contacto con su abogada.
Antecedente: no a un abreviado por abuso
Días atrás otro juez de garantías, Diego Sánz, rechazó un acuerdo de juicio abreviado que propusieron para condenar a 2 años en suspenso a un hombre de 32 años por el presunto abuso sexual simple de su hija menor. Y lo sobreseyó. El 24 de abril pasado, la madre de la niña denunció que debía llevarla a presenciar una clase del curso de ingreso, pero que tomó hacia otro lado y le propuso enseñarle a manejar, situación que no pudo concretarse porque la menor no pudo sentarse con él en el mismo asiento del conductor. Para el juez quedó claro que la maniobra descripta por el fiscal Roberto Mallea no configuraba delito y les efectuó un "severo llamado de atención" a los defensores Patricia Basso y Omar Farías por el "abandono propio de los deberes de la defensa".