Asuntos Internos de la Policía y el Primer Juzgado de Instrucción investigan si policías de la Comisaría 10ma. de 25 de Mayo, cobraron una coima para devolver una vieja camioneta Chevrolet que había sido secuestrada por irregularidades para circular, dijeron ayer fuentes policiales y judiciales. El caso fue denunciado en la Brigada de Investigaciones por la propia jueza de Paz del departamento, Adriana Tascheret, cuando se enteró que la devolución del vehículo se produjo de manera anormal, ya que cada infractor detectado en su jurisdicción debe concurrir al Juzgado para dar su descargo y, si resulta culpable, ser sancionado, generalmente con una multa. Pero en este caso eso no había ocurrido, dijeron las fuentes.
El hecho trascendió ayer pero ocurrió la semana pasada. Y la primera consecuencia a nivel policial fue la separación del jefe interino de esa dependencia, el subcomisario Saúl Vargas, quien fue derivado a su destino de origen (la Comisaría 9na.) y de inmediato recibió su licencia, que por otra parte le adeudaban. Ahora, la seccional está a cargo del comisario Jorge Sánchez y la subcomisario Silvia Neira.
Por lo menos hasta ayer no había ningún imputado concreto, porque la idea del titular del Primer Juzgado de Instrucción, Leopoldo Zavalla Pringles, es recolectar toda la evidencia posible para determinar si existió o no algún delito y, de ser así, quiénes son sus presuntos autores o partícipes.
Ayer trascendió que en la Policía cuentan con la denuncia de la magistrado y el secuestro de prueba documental, como algunos libros de la Comisaría 10ma. (incluido el de entrega de vehículos) y los talonarios oficiales que entregan para dejar constancia de las infracciones, con los cuales se hará un chequeo pues parte de esos comprobantes van a parar a la División Tránsito de la Policía y también al Juzgado de Paz, donde se resuelve cada caso.
Todo se inició con el secuestro del vehículo, que fue a parar a la Comisaría 10ma. Pero lo que se trata de establecer es si es verdad o no que el dueño lo recuperó luego de pagar (se habla de 700 pesos) y ver cómo destruían en su presencia los comprobantes que se deja la Policía como registro de la infracción.
El asunto no hubiera pasado a mayores de no ser por un aviso que le llegó a la magistrada, quien habría citado al infractor para conocer su relato y, al no conseguir que fuera por su voluntad, lo mandó a llevar a su despacho por policías de la Unidad Regional Este, informaron voceros del caso.
Entonces se habría conocido la versión de la coima y también que el contraventor tendría en su poder el comprobante de la infracción que le labraron. Esa habría sido la razón por la cual la magistrada resolvió poner la denuncia.
El sospechoso de cometer la infracción vial aún no habría declarado, pero su relato es clave para su suerte y principalmente para la de los policías que podrían quedar implicados en la presunta maniobra delictiva.
El delito conocido como coima, técnicamente denominado cohecho, reprime con prisión de 6 meses a 6 años e inhabilitación de 3 a 10 años al "funcionario público que por sí o interpósita persona recibiera dinero u otra dádiva para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones". Es excarcelable.