Un contador que trabaja en el Gobierno y dicta clases en la UNSJ es investigado porque presuntamente amenazó a una expareja con difundir material sexual de ellos juntos.
Su nombre es Jorge Antonio Basualdo (65), a quien ayer el juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli le dictó de forma preventiva 20 días de prisión domiciliaria, hasta tanto avancen las investigaciones que puedan determinar si es cierto que el mail y el teléfono de donde salieron las presuntas amenazas no son de su propiedad, tal como declaró el contador ayer. Mientras que su abogado, José Gizzi, deslizó a este diario que también pudo ser hackeado.
La denuncia fue hecha por la mujer el 1 de enero pasado. Según el relato de la ayudante fiscal de la UFI Cavig Erica Funes, acompañada en la audiencia por el fiscal Francisco Pizarro (subrogando a Juan Manuel Gálvez), tanto la denunciante como el denunciado están casados pero mantuvieron una relación extramatrimonial durante cuatro meses, separándose a mitad del año pasado. Sin embargo, según la acusación, él empezó a hostigarla para que retomaran el vínculo.
En el expediente consta que el último 20 de diciembre Basualdo le envió un mail al esposo de la víctima, en el que adjuntó dos videos donde aparece con ella teniendo sexo. Dos días después, según la denuncia, el contador envió otro mail, esta vez al correo de ella, en el que le escribió: "Gorda, tengo todo grabado, bien guardado. No puedo estar sin vos, me estoy separando, ya no estoy en mi casa. Le envié unos videos a tu ex para que se corra, me llamó y le colgué. Soy capaz de todo con tal de que estemos juntos. Te amo, Jorge".
En tanto, la mujer expuso que el día 29 recibió otro correo, que decía: "Gorda, no entiendo todavía cómo no reaccionás, nos tenemos que juntar. Mirá esta foto, ¿no sentís nada? Sé, por lo que me contaste, que tu ex es violento, hacele llegar que ni se le ocurra mover un dedo porque mando todo el archivo a tus contactos". En ese mensaje, además de adjuntar otra foto de los dos manteniendo sexo, transcribió una lista con direcciones de e-mail, entre ellos los de los hijos de ella, a los que les pasaría el material íntimo. "Yo sólo quiero que me invités a tu departamento y verás que podemos llegar a un acuerdo. Jorge", cerró ese correo. Mientras que ese mismo día, minutos después, ella recibió otro mail, en el que el contador le puso: "Te vas a sentir como la primera vez que lo escuchaste", adjuntándole un audio en el que se los escucha a ambos teniendo relaciones.
Los pesquisas allanaron el domicilio de Basualdo, en Rivadavia, el pasado 4 de enero. Esa vez le secuestraron material informático, le advirtieron sobre la denuncia y le notificaron medidas restrictivas a favor de la víctima, como una prohibición de contacto por cualquier vía. Pero no cumplió, pues al día siguiente, aparentemente muy ofuscado por la denuncia, envió el mismo mensaje, vía WhatsApp, a la mujer y a su esposo, en el que trataba a la denunciante como "gorda p…" y "trastornada". "No sabés con quién te metiste, te voy a destruir. No tenés vergüenza. Te voy a pedir una pericia psiquiátrica y te voy a dejar en bolas. Vas a perder hasta el trabajo. Andá con esto al fiscal, se te van a cag… de risa", decía parte del mensaje, aclarando que no se puede reproducir de forma completa por insultos muy subidos de tono.
Ese mismo día la mujer fue a Cavig a mostrar lo que le había mandado, lo que le valió a Basualdo la detención, que se hizo efectiva en la noche del pasado lunes.
Al acusado le imputan los delitos de amenazas coactivas y desobediencia a una orden judicial.
Ayer, durante el relato fiscal, el imputado se mostró inquieto, en ocasiones haciendo muecas de sorpresa o negación. Y a su turno pudo descargarse: "No hay forma de que yo pueda haber hecho eso, lo juro". El contador rechazó "absolutamente todo lo que se me imputa", salvo la relación temporaria con esa mujer. Además, fue tajante al afirmar que el correo y el número de teléfono, expuestos por los acusadores, "no pertenecen a mí".
Luego de eso, Fiscalía pidió al juez que dejara preventivamente en la cárcel al sospechoso por dos meses, argumentando que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, sumado a que, en caso de recaer condena, no procedería una de ejecución condicional.
Por su parte, el defensor Gizzi solicitó la excarcelación, atendiendo a la versión que dio su cliente.
El magistrado finalmente resolvió ordenar la domiciliaria por 20 días, plazo en el que Fiscalía debe corroborar lo dicho por el imputado.