Por primera vez en la historia judicial sanjuanina, un gitano de 45 años y su hijo de 27 serán juzgados por un tribunal federal por captar a una menor de 14 años de la misma colectividad, comprándola (esa práctica se llama pago de la dote) para obligarla a un matrimonio o unión de hecho, del que nacieron dos nenas. Un vínculo que, durante 3 años, estuvo marcado por la violencia, el aislamiento del mundo externo y el sometimiento económico de la víctima (considerada inmadura y vulnerable), por parte del propio concubino como también de la madre y las hermanas del sospechoso. Así lo consideró el fiscal federal Francisco Maldonado, quien entendió probado que ese matrimonio forzado es uno de los supuestos del delito de trata de personas. Además, imputó a ambos acusados, de apellido Aramayo, de haber alterado o suprimido la identidad de la chica cuando hicieron insertar datos falsos en un DNI oficial (con la complicidad de testigos de la colectividad) para cambiarle el nombre y hacerla parecer mayor ante la ley, dijeron fuentes judiciales.
Según voceros de los tribunales locales, no hay antecedentes en San Juan de que un conflicto entre gitanos traspase las fronteras de esa cultura y llegue a la Justicia, en este caso por conductas calificadas como delitos contra una menor.
El caso fue denunciado por la madre de la víctima el 6 de enero pasado. Fue después de que la chica, ya con 17 años, escapara tras la enésima golpiza que recibió y le pidiera internet a un vecino: ese favor fue clave para contactarse con una hermana.
Entonces su mamá supo por fin dónde estaba, pues nada sabía de ella desde que había desaparecido con 14 años. De inmediato viajó desde Entre Ríos a San Juan para denunciar.
La propia víctima dijo luego en Cámara Gesell que había conocido por las redes sociales a su concubino y que había sido su tío quien la vendió por $50.000 (la dote es una suerte de indemnización a la familia de la mujer) cuando ella vivía en Chubut. Tenía 7 años cuando murió su papá y se quedó con su abuela y ese tío en esa provincia, ya que su mamá se casó con un “criollo” y se fue a vivir a Entre Ríos.
En su declaración, la niña siempre manifestó que desde que llegó le quitaron el teléfono celular, no la dejaron hablar nunca con su familia y la controlaban en exceso, sin dejarla salir. Que desde su llegada comenzó a sufrir malos tratos y por eso siempre quiso escapar.
Dijo además que pudo huir una vez pero que su pareja “le pagó a la Policía”, tuvo que volver con él y todo quedó en nada.
También describió que la maniobra para inventarle una identidad falsa surgió cuando tuvo a su primera hija, con 15 años. Con la nueva identidad pudo cobrar un plan de ayuda estatal por sus hijas, dinero que pasaba a su concubino, según el expediente.
Una encuesta ambiental encarada por organismos oficiales terminó por constatar, con los relatos de tres vecinos, la violencia y el encierro forzado que sufría esa niña hipoculturizada (sólo cursó hasta segundo grado) en una casa de Rawson.
En su declaración, ambos sospechosos recurrieron al argumento del pago de la dote para justificar la presencia de la niña en San Juan. Y negaron de plano haberla maltratado. Es más, dijeron que siempre tuvo total libertad y que ella misma se las había ingeniado para hacer el trámite del DNI haciéndose pasar por otra.
Esos argumentos los sostuvo su defensa cuando apeló ante un tribunal federal mendocino, donde no tuvo éxito, pues los jueces confirmaron el procesamiento que les dictó el juez federal Leopoldo Rago Gallo. De todos modos, decidieron ponerlos en libertad a pesar de que los delitos que les imputan tienen una pena mínima de 10 años y un máximo de 50.
Los acusados negaron cometer delitos, pero las pruebas los complicaron.
Huyó y la volvieron a sus “captores”
La investigación encarada en la Justicia Federal para desentrañar el caso de la menor gitana y los delitos cometidos contra ella, dejó al descubierto un punto por lo menos polémico: el hecho de que en 2014, cuando tenía 15 años, pudo escapar de la familia gitana que la había captado y la sometía, e incluso fue derivada a un hogar del Estado para menores. Se suponía que esa medida ponía fin al conflicto, sin embargo ese mismo año fue reintegrada a la familia de los ahora acusados de someterla. Según la acusación del fiscal Maldonado, no consta en el expediente el motivo por el que se tomó esa decisión, de manera oficial o no.