El juez Maximiliano Blejman procesó sin prisión preventiva a un empleado del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) con 44 años de antigüedad en la función pública, por sacarle ilegalmente $150.000 que tenían ahorrados tres hermanos, con la promesa de darles una casa en el barrio Ceramistas II, en Pocito. El revés judicial recayó en Alberto Hilario Oyola, que tiene 65 años y está a punto de jubilarse.
Según fuentes judiciales, el magistrado imputó al sospechoso el delito de concusión reiterada (es excarcelable), pues entendió que se aprovechó se su ventajosa posición en la oficina de Asistencia Financiera del IPV para hacer creíble su engaño y obtener dinero a su favor.
El primero que había llegado hasta Oyola fue Leonardo Baldán, en julio del año pasado. Según el expediente, el hombre había conseguido un lote en Santa Lucía y se acercó hasta el IPV para averiguar sobre los préstamos de la entidad para construir una casa.
En el fallo consta que luego de escuchar el planteo, Oyola no le proporcionó ninguna información a Baldán y directamente la planteó la posibilidad de conseguir la carpeta de una vivienda en el barrio Ceramistas II, a entregarse en abril de este año. Le pidió $50.000 de contado o en dos pagos, para gastos administrativos, le exigió algunos papeles y le dijo que tendría la casa sí o sí, pues era de un cupo que no entraba en el sorteo y se entregaban directamente.
Baldán dudó, pues tenía entendido que no se debía entregar dinero alguno. Pero como el pedido se concretó en una oficina pública, decidió aceptar: dio los $50.000 en dos pagos y a cambio Oyola le firmó dos recibos por el dinero.
Entusiasmado por la forma de obtener una casa luego de años de estar inscripto y no salir sorteado, Leonardo pasó el dato a sus hermanos Jorge y Eliana, que también recibieron la misma propuesta y entregaron el dinero en dos cuotas. Entre julio y agosto del año pasado, los tres hermanos le dieron $150.000 al empleado público; a cambio les dieron más promesas y excusas, pero nunca la vivienda.
Por eso denunciaron. Así fue que el juez ordenó allanar oficinas del IPV y le secuestró a Oyola en su lugar de trabajo $9.400 que no supo justificar.
Cuando lo citaron a declarar no dio su versión. Y ahora puede apelar ante un tribunal superior si acaso pretende reclamar, dijeron fuentes judiciales.
Años atrás, Oyola había logrado zafar de una causa por abuso deshonesto y otras dos por fraude, precisaron.