Sondas, una tela especial para heridas internas, tijeras, pinzas, aparatos para suturas mecánicas y otros instrumentos. Y hasta chaquetillas, pantalones y ropa de cama con las inconfundibles siglas del hospital Guillermo Rawson y Salud Pública. Todo eso y en gran cantidad (el juez Pablo Flores dijo ayer que el monto de lo secuestrado es de por lo menos 2 millones) encontraron al cabo de dos allanamientos los pesquisas policiales y personal de Salud Pública en la Clínica Santa Clara (ex Sanatorio Almirante Brown). Y aunque en el centro privado colaboraron con la investigación, a los investigadores les quedaron serias dudas de que allí no supieran que se hacían operaciones y se utilizaban numerosos elementos que no eran suyos.
El caso había estallado con un llamado anónimo que alertó de la presencia de información clave sobre el desvío ilegal de material del hospital público al centro privado en un sobre de papel dentro de un contenedor de basura de Alem casi Cortinez, en Concepción, Capital. Y allí los policías de la seccional 1ra que dirigen el comisario inspector Gregorio Díaz con el comisario Juan Ricardo Soria, encontraron un CD con fotos y tres instrumentos quirúrgicos.
El sábado allanaron y encontraron 28 instrumentos de acero especial para cirugías. Y por orden del juez Flores, dejaron también custodiado el lugar. La clínica, por su parte, también realizó un inventario de sus cosas y apartó las que no eran suyas, dijeron fuentes judiciales.
El lunes volvieron con personal especializado de Salud Pública y hallaron varias cosas más (otros 65 instrumentos para operar, por ejemplo), incluso un armario con instrumental del Hospital Rawson, a nombre de un médico cirujano que trabajaba en ambos centro sanitarios, Diego Basualdo. Y lo metieron preso, igual que a la instrumentista quirúrgica Patricia Quevedo, que había sido jefa del turno tarde del Centro Quirúrgico del Rawson, y cumplía la misma función en la clínica. Sospechan que cobraban extra por los materiales del Rawson. Ahora, serán indagados por fraude contra el Estado. El delito es excarcelable.
