Se acusó de "negligencia" o "connivencia" al personal penitenciario. De un "complot" o un "boicot político" para desestabilizar al Gobierno. También se habló de investigar, de tomar "medidas ejemplificadoras", de suspensiones y hasta de "exoneraciones" por las supuestas irregularidades. En 4 de las 5 últimas fugas del Penal de Chimbas los funcionarios del área de seguridad siempre dijeron lo mismo, pero todavía no hubo nada concreto. Hasta la fecha no se conoce de duras sanciones administrativas ni exoneraciones contra penitenciarios sospechados de facilitar alguna evasión. Sin ir más lejos, los guardiacárceles que están siendo investigados por la evasión de Fabio Manuel Esquivel Icazati el martes pasado trabajaron normalmente en el día de ayer -reveló una fuente penitenciaria-, siendo que el ministro Emilio Fernández aseguró que estaban separados de sus funciones. En lo que respecta al marco de la justicia las causas son tan complejas, que todavía no existen procesados por un hecho así.
Desde la fuga de Víctor Daniel "El Ula Ula" Ibáñez Torres y de Juan Daniel Funes Gramajo de un pabellón del Sector IV, el 9 de marzo del 2008, el propio ministro Fernández habló sobre "algún tipo de negligencia" de los guardias. Hoy se sabe que esos dos presos -ya recapturados- fueron procesados por esa evasión por el juez José Atenágoras Vega del Tercer Juzgado de Instrucción, pero los penitenciarios sospechados en esa ocasión fueron desvínculados de la causa. Dentro de la Penitenciaria ninguno habría recibido duras sanciones.
Después vino la fuga del reo condenado por homicidio Juan Antonio Escudero, el 25 de abril del 2008, de un taller de la cárcel. En ese entonces hubo silencio oficial. En la actualidad, en esa causa judicial hay un penitenciario imputado que podría ser procesado por facilitación de fuga por el juez Eduardo Gil del Segundo Juzgado Correccional, pero en la faz administrativa todavía no se conoce de cesantía o de alguna sanción para ese efectivo.
La polémica volvió a estallar el 15 de julio del 2008 con la sorprendente fuga de Rodolfo "El Fofo" Almeida -aún prófugo- del pabellón 11 de la Unidad 2. El director del penal, Abenamar Avila, amenazó con "aplicar todo el rigor de la ley" y el ministro Fernández mencionó la "falta de vocación" del personal.
No pasó el mes que la bronca saltó nuevamente, y con más dureza, con la fuga de José Luis Quiroga, el 4 de agosto de ese año, del pabellón de ex miembros de fuerzas de seguridad. Volvió a hablarse de "negligencia y connivencia" de los guardiacárceles y fueron más allá al señalar una suerte de acción conspirativa del personal, en ésta y la fuga de "El Fofo" Almeida. Algunos funcionarios oficiales instalaron la teoría del "boicot político" o un complot de penitenciarios que respondían a la antigua conducción del Penal y de la Policía con el fin de "desestabilizar" y "desacreditar" la estrategia de seguridad del Gobierno.
Pasado el tiempo, lo único que trascendió en estas últimas semanas desde el Gobierno es que por la fuga de Almeida hay dos penitenciarios que estarían "a punto" de ser cesanteados -o sea, echados- de la fuerza y otros tres que podrían sufrir 30 días de arresto, pero hasta la fecha eso no se concretó. En la causa judicial, la juez Silvia Peña Sansó de Ruíz -del Cuarto Juzgado Correccional- por el momento tiene a 4 guardiacárceles imputados, y que fueron indagados, pero no están procesados por ese hecho. Con respecto a la fuga de Quiroga ni siquiera hay guardiacárceles que están imputados en la causa, y no hay datos de sanciones dentro del penal.
La historia se repite ahora con la fuga de Fabio Esquivel Icazati -aún prófugo-, el martes último. De nuevo se carga la responsabilidad contra los penitenciarios. Lo cierto que el personal investigado por la justicia sigue trabajando como todos los días dentro del Penal.