En la audiencia, 10 de los 34 denunciantes, no pudieron ocultar sus gestos de incredulidad, bronca y asombro al escuchar la propuesta de los exdueños de la ya desaparecida "d’viaje destinos", Eric Germán Koller (40) y Carlos Federico Vargas Oviedo (47). Ambos son los únicos acusados en uno de los fraudes millonarios más escandalosos de los últimos tiempos en San Juan, aquel perpetrado entre abril y diciembre de 2018, que significó un perjuicio económico cercano al millón de dólares para decenas de personas (como los que pensaban ir a Panamá a ver al Papa) y hasta una empresa (‘Viacor’ denunció un perjuicio de 508.454 dólares), con contratos de viajes a exclusivos destinos turísticos en Brasil y la zona del Caribe, que nunca se concretaron.
Ante el juez Víctor Hugo Muñoz Carpino (Sala I, Cámara Penal) Vargas y Koller pidieron a través del defensor oficial, Carlos Reiloba, que se les conceda la probation (suspensión del juicio a prueba) para no ser juzgados por estafas reiteradas. En concreto, como reparación del daño causado (se considera simbólica la cifra), ofrecieron 2.000 pesos a cada denunciante y cumplir tareas comunitarias por tres meses y sólo los días sábados: Vargas en el municipio de Santa Lucía; Koller en la parroquia de la Virgen de Fátima, en Rawson.
Los gestos de reprobación de los denunciantes tuvieron un correlato en la oposición contundente de la fiscal Marcela Torres, porque el ofrecimiento monetario "no llegó ni a ser simbólico", más allá de que durante la audiencia ampliaron esa suma a $10.000 por cada denunciante.
"Otorgar el beneficio significaría abrir la puerta en este tipo de casos y dejar a la sociedad a expensas de individuos inescrupulosos dispuestos a cometer hechos defraudatorios. Como titular de la acción penal, por razones de transparencia de política criminal del Ministerio Público Fiscal y por el interés general de la sociedad, solicitó el rechazo del planteo de la defensa y la realización del juicio oral para desentrañar y conocer qué fue lo que ocurrió", dijo la fiscal.
Además de los requisitos jurídicos para acceder a la probation (el delito que les atribuyen, el hecho de no tener condenas previas) Koller y Vargas dijeron estar en una situación económica que apenas les permite brindar alguna ayuda económica a sus hijos, pero no pagarles una cuota alimentaria. Según voceros judiciales, Vargas dijo ser mecánico; Koller administrador en una empresa constructora, aunque sus versiones no convencieron a las víctimas.
Si el juez acepta el planteo y los acusados cumplen, en su planilla prontuarial no les quedará ningún antecedente. Pero antes de resolver, el magistrado deberá analizar la "oposición fundada de Fiscalía", considerada como un serio obstáculo al aplicar esta salida, que implica la extinción de la acción penal.
Vargas y Koller enfrentan también un proceso en la Justicia Civil donde fueron demandados por daños y perjuicios, pero uno de los damnificados aseguró en la audiencia que atraviesan un proceso de quiebra. Y eso para los damnificados, es otra muestra más de que no están dispuestos a cumplir sus obligaciones.