Explosivas. Así resultó la declaración de Marcos Barragán, uno de los cuatro detenidos del Movimiento Agropecuario Provincial que están presos, sospechados de cometer un fraude millonario contra por lo menos 200 familias que pagaron entre 7.000 y 15.000 pesos por carpetas de casas del IPV que nunca tuvieron. Ayer, Barragán, molesto, respondió todas las preguntas y no dudó en calificarse como una víctima más de esa maniobra, de la que pretendió despegarse con un relato que tiende a poner en duda la actuación de una funcionaria del gobierno: la directora de Adjudicaciones del IPV, Mirta Cocinero. ¿Qué dijo Barragán? Según fuentes judiciales, aseguró que él y el prófugo Carlos Albornoz la visitaron al menos tres veces en el Centro Cívico, que Cocinero les prometió 205 casas del Plan Federal II a gente del Movimiento y que por eso mismo creyó que todo era cierto, al punto de promocionar y cobrarle a la gente por las casas, y de dar dinero con su familia a Albornoz con la misma ilusión.

Los dardos de Barragán alcanzaron, como se suponía, al prófugo ex líder del Movimiento que integraba. Según las fuentes, el imputado, igual que su madre Miryam Quiroga (también presa) declararon que al menos en una ocasión lo llevaron a Albornoz hasta el Centro Cívíco con sobres con dinero que recaudaban por las carpetas, y que lo vieron salir de ese edificio sin la plata. Voceros del caso aseguran que ambos detenidos (defendidos por Diego García Carmona) no precisaron a quién y con qué objeto se hizo esa supuesta entrega de plata en ese edificio público.

La madre de Barragán también había complicado a otra de las detenidas por el caso, Alejandra Dragui. Según las fuentes, la mujer precisó que una vez que ambas fueron detenidas por orden del juez José Atenágoras Vega (Cuarto Juzgado de Instrucción) Dragui le dijo que ella le había llamado haciéndose pasar por Cocinero, para decirle que se quedara tranquila porque tanto Quiroga como el resto de su familia (incluido Barragán) iban a tener casas. Esa respuesta, dijo Quiroga, llegó cuando ella insistía con sus reclamos a Albonoz porque las casas no aparecían. Es más, la madre de Barragán aseguró que Dragui le confesó que tuvo una relación sentimental con Albornoz. Dragui, en su versión, negó de plano haber conocido del fraude.

¿Qué hará el juez con los dichos de los imputados? Los sospechosos no prestan juramento de decir verdad y por lo tanto pueden mentir, pero los investigadores judiciales están obligados a chequear si dicen o no la verdad cuando relatan una serie de circunstancias.

Por eso el juez Vega envió a la secretaria del Juzgado, Gladys Capdevilla, a realizar una inspección sobre la ubicación de las cámaras de filmación en el Centro Cívico y ordenó que desde allí le envíen, urgente, los videos grabados en la fecha y hora que, según Miryam Quiroga, llevaron a Albornoz con el dinero.

Otra decisión importante del juez pasará por evaluar qué hacer con Cocinero (hasta ahora no quiso hablar con este diario), la única funcionaria implicada en el relato de Barragán. Si se sigue la versión del sospechoso, Cocinero podría ser citada también como sospechosa, y en ese sentido el juez podría tomarle una declaración informativa (con asistencia de un abogado) o directamente imputarle participación en el delito que investiga (estafas reiteradas) e indagarla.

Pero para tomar esa decisión el juez podría ordenar producir otras pruebas, es decir recabar otra evidencia, más allá de los dichos de Barragán, de que Cocinero tuvo conocimiento o participación en el fraude, porque hasta ahora no surge que existiera un convenio por escrito entre el gobierno y el Movimiento por el tema de las casas, y tampoco otras pruebas en contra de Cocinero, dijeron las fuentes.