Un caso de estafa agravada y peculado con la compra de insumos del Estado para gente pobre denunciado hace 16 años, aún sigue envuelto en polémica y sin llegar a juicio. Inicialmente involucró a dos empleados públicos y dos comerciantes sospechados de simular compras para quedarse con la plata. Pero desde la denuncia del caso en 2006 hasta ahora, dos de esos imputados ya fallecieron y la causa sigue en pie sólo contra dos imputados: el empleado público Edgar Nuñez (señalado como ‘ñoqui’ en 2016), y el comerciante en el rubro ortopedia Raúl Imparado. Este último acusado, a través de su Defensa, concretó planteos calificados como ‘contradictorios, desleales y obstruccionistas’ por la propia Corte de Justicia, pues el 6 de diciembre de 2018 presentó un acuerdo de juicio abreviado con un fiscal, en el que aceptaba una condena de 2 años. Y cinco días después, el 11 de diciembre, pidió ser sobreseído por falta de acción y por la violación de su derecho a obtener una decisión judicial en un ‘plazo razonable’.
En septiembre de 2019, la Corte de Justicia rechazó el planteo defensivo e instó al tribunal de la causa (entonces la Sala III de la Cámara Penal) a realizar el juicio ‘a la brevedad’.
Pero entonces la Parte Querellante perjudicada en el caso, Fiscalía de Estado, presentó al tribunal del juicio a través de uno de sus funcionarios, Claudio Herrera, un acuerdo de conciliación para que Imparado fuese sobreseído por extinción de la acción penal, mediante una salida alternativa: la reparación integral del perjuicio causado. Hasta presentó los tickets del pago actualizado de la prótesis de rodilla que por aquellos años debía recibir y no recibió la beneficiaria (Mercedes Carrizo), por un valor de $13.428. Herrera también manifestó que no se oponía a la prescripción de la causa por el paso del tiempo, indicaron fuentes judiciales.
Sin embargo, el planteo no fue bien recibido por la fiscal del caso, Marcela Torres, quien le pidió al tribunal el rechazo de la salida propuesta por Fiscalía de Estado por varias razones, como el hecho de que el acuerdo de conciliación aparece sólo como una presentación de Fiscalía de Estado, ya que no cuenta con la firma de la otra parte, Imparado. Y porque considera que la acción penal sigue vigente a pesar de la muerte del principal implicado, Juan Carlos Navarro, ocurrida el 28 de junio de 2016. Se supone que, al ser Navarro funcionario público, los plazos de prescripción se interrumpieron, pero a partir de su deceso deben contarse desde cero y por el lapso de 10 años, el máximo de la pena previsto para la estafa agravada y el peculado.
La fiscal remarcó que el Ministerio Público es el titular de la acción penal y que un acuerdo entre las demás partes para concluir con la causa debe contar con su adhesión, cosa que no ocurre. Y por eso solicitó al tribunal ponerle fecha al juicio contra Imparado y Nuñez, teniendo en cuenta que el propio comerciante ya había aceptado su responsabilidad en un juicio abreviado, dijeron las fuentes.
El planteo de Fiscalía de Estado y el rechazo de la fiscal Torres, serán resueltos por un tribunal de la Sala II de la Cámara Penal.
Casos descubiertos en la investigación
Fue un empleado que contrataron en Desarrollo Humano el que descubrió las maniobras
delictivas en ese organismo, luego atribuidas al ya fallecido funcionario Juan Carlos Navarro,
al también empleado público Edgar Nuñez y a dos comerciantes, Imparado y el fallecido
Jorge Omar Páez. Imparado quedó complicado como cómplice en la confección de un remito y una factura para la compra de una prótesis de rodilla para Mercedes Carrizo, que finalmente cobró Páez, porque ilegalmente -según Fiscalía- Navarro puso en el cheque que podía cobrarlo tanto Imparado como Páez. Navarro aparecía también como principal sospechoso de confeccionar un cheque por $3.177 de una costosa droga para tratar el cáncer que padecía Silvia Spina, pero ese dinero lo cobró Nuñez y no el destinatario real, la ‘Farmacia Entre Ríos’. A Navarro se lo señalaba, además, por hacer que Páez cobrara $1.214 que, en realidad, debían ir a parar a las arcas del Boletín Oficial.