La jueza de Garantías Celia Maldonado aprobó ayer el planteo de los fiscales de la UFI Cavig sobre las pruebas que consideran necesarias para acreditar, durante el juicio a realizarse más adelante, la autoría de un agente de Policía sobre un hecho grave: la violación de su expareja en un contexto de violencia de género. En su pedido, el fiscal Eduardo Martínez (subrogó a Roberto Ginsberg) y su ayudante María Luciana Tello Onsalo, adelantaron también su pretensión (por ahora provisoria) de que ese efectivo sea condenado en el futuro a 9 años de cárcel y pague unos $300.000 para resarcir el daño moral causado a la víctima, madre de sus dos pequeñas hijas, dijeron fuentes judiciales.
Al cabo de la enumeración de las evidencias que precisa Fiscalía, la defensora de ese policía (J.C.O., no se lo identifica para preservar a sus hijas) María Noriega, se opuso a que declararan dos amigas de la víctima y también a la incorporación de la historia clínica en la que consta un aborto que sufrió la mujer en marzo de 2019. Pero la jueza adhirió al argumento de Fiscalía, de que esas evidencias son necesarias para demostrar la violencia de género contra la joven.
El delito que le atribuyen al efectivo se denunció el pasado 25 de marzo. Según la denunciante, todo pasó exactamente un año antes, en marzo de 2020, cuando su ex (estuvieron casados entre 2014 y 2019) llegó a pedirle a las nenas a las 3 de la mañana. Y cuando ella abrió, la llevó a su dormitorio y la violó, para luego ponerse la ropa y actuar como si nada hubiera pasado. A causa del trato violento, el agente tenía prohibido acercarse a su ex.