Los testimonios de dos colombianas parecen de película, pero son reales. Como en un cuento, relataron que un desconocido que ganaba 50 pesos por cada chica que reclutaba, las contactó en la terminal de Mendoza y las trajo a un prostíbulo de Jáchal. Al llegar, no era lo que les prometían. Las alojaron en una habitación sucia, le cobraron la comida y les dijeron las reglas: vestir poca ropa, jamás rechazar a un cliente, llamarlos ‘papi o mi amor’, trabajar hasta las 8 de la mañana y por cada copa o ‘pase’ (tener sexo) pagado sólo ganarían el 50 por ciento. Eran casi esclavas, dicen que ni siquiera podían salir del lugar y si necesitaban algo debían pedírselo al encargado.
Fuentes judiciales revelaron que esto es lo que soportaban muchas de las mujeres rescatadas de esos 16 prostíbulos o casas de citas allanados en San Juan en abril pasado en el marco de una investigación por explotación sexual, cuya causa derivó, por primera vez en San Juan, en que el juez federal Leopoldo Rago Gallo procesara con prisión preventiva a 6 personas, 3 de ellas mujeres, por el delito de Trata de Personas. Esto es captar mujeres de distintas edades, trasladarlas dentro o fuera del país, y ocultarlas para someterlas a la explotación sexual u otros fines.
Hay otros 10 procesados por promover el negocio de la prostitución (un delito menor). De la investigación, surgieron más datos de grupos con nexo en otras provincias. Según voceros judiciales, el relato de esas colombianas a las que prostituían en Jáchal muestra que sufrían el abuso de autoridad de los encargados y eran tratadas como ‘material de trabajo’. Una de las ellas contó que en una ocasión tuvo un ataque de asma, entonces la mujer que regenteaba el lugar le suministró una inyección para que siguiera trabajando y, cuando no pudo más, recién la llevaron al hospital, pero sólo la dejaron en la puerta.
Otro caso testigo es el de una paraguaya hallada en una whiskería de Sarmiento y el de una adolescente de 17 años, explicaron. El sometimiento era una constante en la mayoría de los casos.
Los más complicados en la causa son Omar Lozano, Rafael Marco, Carlos Cáceres, Alejandra Gómez, Irma Castro y Adriana Pereyra, según la resolución judicial. El juez Rago Gallo les atribuye los delitos de Trata de Personas, el promover la prostitución de menores, la explotación económicamente de la venta de sexo y en algunos casos violar la Ley de Migraciones. A todas estas personas se les dictó la prisión preventiva, al igual que a los procesados Pablo Pereyra y María Martín, que están acusados sólo por regentear o promover el negocio de prostitución. Estos últimos siguen detenidos porque, se sospecha, podrían interferir en la investigación, dijeron. Es que los vinculan a dos de los principales sospechosos (uno es pareja de Martín) que aún están prófugos. El abogado César Jofré, que defiende a Pereyra y Martín, de todas formas pidió sus excarcelaciones. También dictaron el procesamiento, pero sin prisión preventiva, contra Ricardo Maya y Enrique Olivencia Fredes por violar la ley de profilaxis, que tiene que ver con cuestiones referidas a la sanidad, explicaron. Los otros son Omar Gómez, María del Valle Pereyra, Guillermo Rojas, Jorge Valdez, Patricia Pereyra y Carlos Carvajal por regentear o hacer dinero con el ejercicio de la prostitución.
Hay tres que ya fueron liberados: Roberto Russo y Gastón Quevedo, al quedar sobreseídos definitivamente de la causa judicial, y Ricardo Herrera por falta de mérito.