Un informe de la empresa Ecogas es lo que permitiría a la UFI de Delitos Especiales que coordina el fiscal Adrián Riveros avanzar sobre los eventuales responsables de un hecho trágico: la muerte de Melina Romero (39), ocurrida el lunes 28 de noviembre pasado, un día después de que el departamento que alquilaba en O’Higgins 329 Este, en Trinidad, Capital, estallara cuando fue a encender la luz. Según fuentes judiciales, los peritos ya le informaron a los pesquisas judiciales que la fuga de gas percibida con regularidad por la propia víctima (dicen que empezó a quejarse formalmente desde el 22 de septiembre) y hasta por sus vecinos, estuvo localizada en un flexible que conectaba la cocina con la cañería del edificio.
Y ese punto de pericia resultó clave, porque las normas que regulan cómo debe ser la instalación de la cañería, la conexión de los distintos aparatos que utilicen gas para su funcionamiento y la ventilación de los ambientes (entre otras), prohíbe el empleo de flexibles en las cocinas, pues la exigencia es que ese artefacto esté inmovilizado, indicaron voceros judiciales.
Fiscalía espera el informe de la empresa Ecogas para saber si autorizó o no el empleo de ese y todos los flexibles que están en el consorcio de departamentos donde ocurrió la tragedia.
Ese informe es fundamental, pues si la respuesta es que no autorizó la utilización de esos objetos, Fiscalía podría avanzar sobre los responsables del consorcio, pues la investigación ya determinó que cuando la víctima llegó a ese departamento ubicado en un primer piso, la cocina ya estaba instalada, precisaron las fuentes.
El delito a imputar es un presunto homicidio culposo, es decir aquel que reprime con penas excarcelables al que provoque la muerte de otro, ‘por negligencia, imprudencia, impericia o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo’. En otras palabras, al que matare a otro sin tener la intención de provocar ese resultado.
Melina Romero era secretaria en un centro de estética y hacía cuatro años que vivía en ese departamento. El día de la explosión, el domingo 27 de noviembre por la tarde, alcanzó a salir con la ropa y el cuerpo en llamas, con lesiones tan graves que al otro día dejó de existir. Desde entonces, los vecinos pusieron al descubierto una serie de supuestas anomalías, como el presunto hecho de que los responsables del consorcio no están inscriptos en la AFIP y que, por esa razón, no les entregan recibos formales por el alquiler. O las ‘amenazas’ que recibieron algunos, como el abogado peruano y consultor, Iván Nolazco, por haber hecho pública esa situación.