El caso salió a luz en diciembre de 2015, cuando una mujer que había entregado $20.000 por cuatro nichos en el cementerio municipal de Rawson, fue a pagar el servicio por la mantención y una empleada comprobó que el recibo original de la clienta no coincidía con los $40 por mantenimiento que existían en los registros oficiales. Enseguida lo supieron sus superiores y se constató que no sólo era ese el único inconveniente, pues habían numerosos recibos por $40.
El municipio entonces inició una investigación para constatar la situación de unos 25 casos y en 14 de ellos se pudo establecer que los clientes pagaron mucho más y que a la comuna solo habían ingresado importes menores, estimando el fraude en unos $93.340 sólo por esos 14 casos confirmados.
La investigación interna permitió establecer también quiénes eran los presuntos responsables de la maniobra fraudulenta, dos empleados del cementerio: el que confeccionaba los recibos, Miguel Angel Avellaneda (57) y quien cobraba el dinero y se encargaba de falsear los datos en los libros oficiales, la técnica en administración Hilda Eva Carranza (60), según el expediente.
Los acusaban de fraude, peculado y falsificación de instrumento público
El resultado de esa averiguación generó una causa penal (el hecho se denunció el 26 de julio de 2016) en la que ambos empleados terminaron procesados por peculado, falsificación de instrumento público y fraude.
Los imputados nunca dieron su versión en la Justicia, salvo la explicación informal de Avellaneda ante la abogada del municipio que instruía la causa administrativa, ante quien admitió que se había quedado con el dinero para solventar los gastos por el cáncer que sufría su mujer, dijeron fuentes judiciales.
Ambos fueron echados de la municipalidad y llegaron a juicio en la Sala I de la Cámara Penal, pero allí decidieron no defenderse en un debate común y, a cambio de una rebaja de pena, pactaron un juicio abreviado por medio de su defensor Juan Carlos González Riutort con la fiscal Marcela Torres.
En ese acuerdo, admitieron haber cometido los delitos que les atribuyen; también ser castigados a 3 años de prisión en suspenso (sin encierro) más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
El juez del caso, Juan Carlos Caballero Vidal, aceptó el acuerdo pero los condenó a 2 años y 8 meses en suspenso más la inhabilitación de por vida para trabajar en el ámbito público, indicaron los voceros.