Eduardo Maximiliano Varela (29) tiene una cosa muy clara: no quiere cumplir una condena en la prisión. Esa amenaza se cierne sobre él desde enero del año pasado, cuando quedó sospechado de haber estafado a 21 familias, a las que, entre el 5 de julio y el 21 de octubre de 2021, les sacó 2,7 millones y dos televisores a cambio de una casa en algún barrio del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), donde trabajaba como contratado (estaba en mesa de entradas del área Adjudicaciones). Tal como anticipó este diario, ayer Varela ratificó el acuerdo de "juicio abreviado parcial" que alcanzó con el fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal César Recio (UFI de Delitos Especiales) a través de su defensora María del Valle Torres. Fue parcial porque admitió haber defraudado a los incautos que le creyeron y le dieron dinero en su desesperación por tener de alguna forma un techo propio. Y porque, además, reconoció haber cometido los delitos que le imputaron por esas maniobras, a saber: estafas reiteradas, exacciones ilegales e incumplimiento de sus deberes de funcionario público.
Lo que no cerró aún es la pena que deberá cumplir. Como Varela no quiere ir a la cárcel de Chimbas, se comprometió a devolver todo el dinero que a través de transferencias o personalmente (incluso en un entrepiso del Centro Cívico), le dieron las personas perjudicadas que, en vano, esperaban una llamada o las respuestas del "jefe", que más de una vez invocó Varela para mantenerlos en la expectativa, hasta que todos se dieron cuenta del engaño.
El acuerdo de juicio abreviado parcial incluía que la pena debería dirimirse al final. Fiscalía propuso pedir una condena de 3 años en suspenso (sin encierro efectivo) si Varela cumple su promesa de reintegrar el dinero que le entregaron (¿lo hará?).
Si no devuelve esa plata (muy útil para las víctimas, aunque sea sin intereses), Fiscalía buscará que reciba una condena de 5 años de cárcel a cumplir en el Penal.
No es la primera causa que complica a Varela, pues en Jáchal también es investigado por defraudar a otras dos personas con compras a través de "Mercado Pago", que luego desconoció, en diciembre de 2021, indicaron fuentes judiciales.
La propia Defensa del exempleado público pidió un plazo de 15 días hábiles para poder concretar las operaciones de devolución del dinero de su cliente ("ya encaminadas", dijo). Y Fiscalía no se opuso, solicitando, además, que durante ese tiempo se produzca prueba que será necesaria en caso de no llegar a un acuerdo.
La jueza de Garantías, Celia Maldonado, escuchó ayer al imputado admitir que embaucó a las víctimas y aceptar los delitos que le atribuyen. Y suspendió el trámite del juicio abreviado por el lapso que le propusieron las partes, para reanudar la audiencia y ponerle fin al caso con una condena.