Los vehículos entregados aparentemente con oficios truchos en la Seccional 5ta. de Santa Lucía fueron 12. Y a estos ahora se les sumaron otros 65 casos similares detectados en la Seccional 30ma. de Rivadavia, con lo que crece el escándalo por las presuntas estafas que involucran a efectivos policiales en maniobras a través de las cuales aparentemente devolvían autos o motos radiados por infracción a cambio de dinero, utilizando oficios y firmas falsas de los juzgados y de la propia Fuerza. Ante la sorpresa por esos 77 casos detectados solamente en dos comisarías, los tres jueces de Faltas ordenaron un chequeo de los vehículos secuestrados y entregados desde enero a la fecha, frente a la posibilidad de que puedan encontrarse con una red de corrupción que actuaba en distintas comisarías.

El ministro de Gobierno Emilio Fernández no atendió los llamados, pero el que habló fue el jefe de Policía, Miguel González, quien ante la pregunta sobre si creía que existía una red de corrupción policial, respondió: "se va a investigar a fondo y se va a revisar todo. La intención es clarificar concretamente las circunstancias precisas de los hechos, pero hasta que no avance la investigación no podemos decir qué cantidad de involucrados hay. No puedo opinar sobre la vinculación o no del personal policial investigado porque cumplo la función de juez en el sumario de investigación interno que evaluará su conducta".

El juez Guillermo Adárvez por el momento está centrado en esas dos comisarías, donde trabajaban los únicos imputados -por ahora- en la causa, los oficiales Luis García y Sergio Prado, detenidos y luego excarcelados. Sin embargo, la investigación se ampliará a otras seccionales y esto puede derivar en más uniformados involucrados y civiles, explicó una fuente del caso. La clave también está en ese sujeto de apellido Alvárez -declarado prófugo-que supuestamente actuaba como gestor y que conocía a los policías involucrados.

Esto salió a luz la semana pasada, cuando en el Tercer Juzgado de Faltas descubrieron que una mujer había recuperado su vehículo radiado de forma ilegal a través de unos policías. El propio juez Enrique Mattar llevó a la mujer a hacer la denuncia y saltaron los nombres de los oficiales García y Prado como las personas que supuestamente, previo al pago de 300 pesos, le facilitaron la entrega de su auto en la Seccional 5ta. con un oficio judicial (ver facsímil) y otro policial truchos. Por medio de los policías también apareció en escena el tal Alvárez.

En la Policía, ya tenían conocimiento de una denuncia anterior radicada el 6 de julio por un hombre que intentó retirar una moto con oficios falsos. Esa persona declaró que esos papeles se los dio una mujer (hasta ahora desconocida) por 500 pesos. Esto último hace presumir a los investigadores que estarían en presencia de un grupo organizado que contactaba a infractores y, con la promesa de agilizarle los trámites, les daban oficios truchos para que retiraran sus vehículos radiados. En la policía no descartaban incluso la complicidad de algún empleado judicial, pero el juez de faltas Enrique Mattar, lo descartó. "Es muy obvia la falsificación y no engaña a nadie. Eso lo podrían haber hecho cualquier persona y en cualquier lugar", afirmó.

Lo que sí queda en evidencia es que, además de civiles, había policías que posiblemente hacían de intermediarios y facilitaban la devolución de los vehículos a los infractores en las comisarías. La prueba está que, de acuerdo a un primer informe policial, se detectó que este año en la Seccional 5ta. entregaron 12 vehículos aparentemente con oficios fraguados, y en la Seccional 30ma. otros 65 rodados con la misma irregularidad. Esos casos ahora serán revisados en los juzgados de Faltas. Esto recién empieza, porque lo mismo se hará en todas las comisarías.