"Los celulares están hablando". Así lo reveló un investigador para graficar como de a poco están cayendo policías en lo que, se presume, era una red de contactos para buscar hacer negocios o favores a amigos con los vehículos que llegaban al depósito judicial de 9 de Julio.
Este lunes cayó un eslabón más de esa cadena, ni más ni menos que el segundo que tenía en ese predio el comisario Gustavo Adolfo Padilla: se trata del oficial principal Ulises Chirino.
El juez Juan Pablo Ortega, titular del Primer Juzgado Correccional, está atando cabos y recolectando pruebas para determinar a ciencia cierta cómo funcionaba esta presunta red delictiva.
Padilla, presunto líder de esta banda policial, está imputado hasta ahora por abuso de autoridad y falta a los deberes de funcionario público, y con la posibilidad que también se le endilgue falsificar un documento público, que las pericias caligráficas arrojarán o no responsabilidad.
El comisario de 55 años tiene una causa abierta por la compra presuntamente irregular de un Chevrolet Corsa que cayó radiado y que, sabiendo de la situación contractual del vehículo, utilizó la información para hacerse de ese vehículo a un precio menor sabiendo que podía sacarlo fácil del estado en que se encontraba.
También se investiga una camioneta Toyota Hilux que tenía en su poder y que fue autorizado su uso por un papel que firmó de puño y letra el juez Pablo Flores sin que se cumpliera el paso de rigor que establece el Código Procesal Penal en el que indica que debe tener el OK de la Corte de Justicia.
Así las cosas, además de Padilla (detenido) y Chirino (detenido), están sospechados el suboficial Néstor Gómez, señalado como la "mano derecha" de Padilla; un policía de apellido Cárdenas (detenido) y otro Flores (fue indagado y excarcelado).