Aquel día, la chica fue a ver a su padre porque necesitaba dinero para comprar toallitas femeninas. Pero entonces lo que parecía un trámite se convirtió en un hecho que esa jovencita de 17 años con un retraso mental moderado, no estaba dispuesta a soportar nunca más. Según su relato ante un psicólogo, ese día su papá (un pintor de 50 años) le dijo que sí, que pasara a una habitación y allí intentó someterla una vez más, como lo había hecho entre los 11 y los 14 años. Sin embargo ella impidió el ataque empujando a su padre y amenazándolo con una navaja que tenía a mano.
Puede haber juicio ordinario o uno abreviado si el acusado admite su culpabilidad y acepta una condena.
Según fuentes judiciales, huyó del contacto con su progenitor y, ya en la calle, se encontró con una amiga que la llevó a su casa. Allí, explicó el problema que había tenido con su padre y dijo que no quería volver con su mamá (ya separada de su papá), porque la trató de mentirosa cuando le contó sobre los abusos y también la maltrataba.
En los primeros minutos del 9 de julio de 2019, un policía y una representante de la Dirección de la Niñez se convertían en los voceros de esa niña, reclamando justicia con una denuncia formal.
El caso entonces tomó impulso para conocer qué había de cierto. El sospechoso nada dijo por consejo de su defensa. Y entonces las pruebas le jugaron en contra, porque un informe médico daba cuenta que la niña no era virgen y los psicólogos concluyeron que la menor no mentía cuando señalaba a su padre como autor de numerosos ataques sexuales, incluido aquel que sufrió el día que falleció su abuelo y fue hasta el lugar del velatorio para sacarla de allí, llevarla hasta su casa y violarla.
El caso fue calificado como abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores agravada por el vínculo, pues se supone que un padre debe cuidar y educar a sus hijos y no aprovecharse de su estado de dependencia e inmadurez para cometer semejantes atropellos contra su integridad sexual.
Hoy, ese sujeto empezará a ser juzgado en la Sala I de la Cámara Penal por el juez Víctor Hugo Muñoz Carpino, quien podrá ordenar la continuidad de las audiencias en un juicio ordinario, siempre que el acusado y su defensor oficial, Carlos Reiloba no lleguen a un acuerdo de juicio abreviado con la fiscal del caso Marcela Torres.