Tres miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación anularon el fallo del máximo tribunal provincial que, en septiembre de 2013, ordenó liberar al electricista Carlos Alberto Brizuela (47) porque entendió que nunca debió ser investigado y juzgado en San Juan sino en San Luis.

Argumentaron que en esa provincia habían ocurrido los presuntos abusos y la corrupción sexual de dos de sus hijas menores que le atribuían. Por ese caso, Brizuela había sido condenado a 16 años de cárcel y, cuando quedó libre, llevaba 3 años y 4 meses detenido.

El 25 de marzo pasado, sin embargo, los ministros Ricardo Luis Lorenzetti, Carlos Fayt y Elena Highton de Nolasco, adhirieron al planteo del procurador fiscal Eduardo Casal (anticipado por DIARIO DE CUYO) quien, a su vez, respaldó la decisión de la justicia de San Luis de no intervenir.

Entre los argumentos de Casal, se destacó que no se cometió ninguna anomalía en San Juan y que tramitar todo en San Luis, implicaría violar el "interés superior" de las menores al someterlas a dos procesos y, por otro, atentaría "contra los actos procesales ya cumplidos".

¿Qué pasará ahora? Según fuentes judiciales, como los ministros de la Corte local Carlos Eduardo Balaguer, Adolfo Caballero y Juan Carlos Caballero Vidal, ya opinaron en el caso Brizuela, se deberá integrar un nuevo tribunal, y esos jueces resolverán si debe o no confirmarse la condena. Si es así, Brizuela deberá volver a la cárcel.

¿Y LA SANCIÓN?

El otro punto que levanta polvareda en el ámbito tribunalicio es el futuro de la sanción leve (apercibimiento y llamado de atención) que los ministros locales aplicaron, y con duros términos, a quienes investigaron y mandaron a juicio al electricista, el fiscal Daniel Guillén y la exjuez María Inés Rosselot.

Y a quienes enjuiciaron y condenaron a Brizuela, la fiscal Alicia Esquivel Puiggrós y los camaristas Ernesto Kerman, Juan Carlos Peluc Noguera y José Atenágoras Vega.

Entre las opciones figuran: que el mismo tribunal levante la sanción a la luz del nuevo fallo. O que los sancionados pidan por escrito dar marcha atrás con ese castigo. Otros fueron más allá, consideraron que los ministros "deberían pedir disculpas, tal como lo hizo el cortista Caballero con Brizuela".