Se sabe que a eso del mediodía de aquel 14 de febrero pasado, la visitó una mujer que la cuidaba y se acercó a pedirle instrucciones sobre algunas cosas que le compró y le llevó enseguida, acordando que se verían al otro día a las 9 para ir a hacer un trámite. Se sabe que un vecino la vio luego salir a sacar la basura. Que un hermano la llamó a las 17,52 de ese día, que conversó con él algunos minutos hasta que a las 18,02 le cortó, diciéndole que alguien llamaba a la puerta. Se sabe que a las 18,05 sus vecinos inmediatos escucharon algunos ruidos en la casa, que se prolongaron hasta las 18,10 y no les dieron importancia, porque estaban acostumbrados a cierto quehacer ruidoso de esa jubilada de 71 años. Y también que a las 9.35 del otro día, 15 de febrero, hubo un llamado para avisar que la mujer estaba muerta. Una junta médica se encargó luego de confirmar que Rosalba Albarracín (jubilada de la Dirección de la Niñez), había sido asesinada. Y ahí está el meollo de la cuestión, porque prácticamente a 6 meses de aquel homicidio, aún no se sabe quién fue el autor de ese letal ataque, si contó o no con algún cómplice y si, como se sospecha, fue cometido durante un robo en la casa de la víctima en el barrio Cruz del Sur, en Rawson.
Ayer, el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, pidió una prórroga de 90 días para seguir investigando a cinco personas, consideradas sospechosas aunque contra ellas aún no se pueda imputar ningún delito, pues no hay pruebas en su contra. Una evidencia que podía ser comprometedora contra ellos fue un examen de ADN, que ya dio negativo, indicaron fuentes judiciales.
La petición de Fiscalía no tuvo oposición por parte de la defensora oficial María Emilia Nielson (asiste a dos investigados) y tampoco de la abogada, María Filomena Noriega, que defiende a 3 de los implicados.
Y el juez de Garantías, Federico Rodríguez, concedió la extensión de esa investigación previa la imputación formal de un delito, luego de pedirle al fiscal algunas precisiones sobre la marcha de la investigación.
Entonces el fiscal explicó que aún resta el informe de peritos de Río Negro sobre el hallazgo de rastros en la casa de la víctima y también resultados de análisis telefónicos.
Además, detalló que se investiga a presos con salidas que cometieron delitos similares al que sufrió Rosalba, que se analizan usuarios de redes sociales, se recaban testimonios de personas, se analizan imágenes de cámaras de seguridad cercanas a la casa de la jubilada. Y que se pretenden concretar más cotejos genéticos.
Tan minucioso es el trabajo de los pesquisas, ejemplificó, que hasta se rastrearon las patentes de vehículos detectados por las cámaras, que pasaron cerca de la vivienda de la mujer asesinada, con la idea de intentar esclarecer el caso.
"No perdemos el optimismo y no vamos a parar porque tenemos elementos que nos hacen creer en el éxito de la investigación", dijo Micheltorena a este diario.
Luego de la prórroga de 90 días, Fiscalía deberá decidir si imputará o no a las 5 personas hasta ahora en la mira. Si en ese plazo no surge ninguna prueba que los vincule firmemente con el hecho, la investigación en su contra será archivada.
Si no surge ningún sospechoso, la investigación quedará abierta y se cerrará cuando el delito haya prescripto.