Ingresó serio, chequeó de un rápido vistazo la sala atestada de periodistas y apenas cruzó una mirada con los familiares de su expareja, sentados detrás suyo, a escasos 2 metros. Luego, Ariel Omar Pérez (alias "Guascazo", 39 años) se acomodó en una silla, movió nerviosamente sus piernas, respondió escuetamente el cuestionamiento de rigor del juez (domicilio, edad, antecedentes, entre otros) y escuchó las pruebas de Fiscalía en su contra por el delito de homicidio agravado por el vínculo y violencia de género. Y al final se negó a decir por qué mató de 8 cuchillazos a Yanina Gabriela Pérez (44) en la puerta del cementerio de Angaco, sobre las 9,30 del 15 de febrero pasado. Para entonces ya se había caído la posibilidad de que admitiera su culpa en un juicio abreviado y recibiera perpetua, porque cambió de Defensa, y sus nuevos abogados, Fernando Bueno y Eduardo Sait, oralizaron en el acto su estrategia para intentar que zafe: buscar que al menos un médico psiquiatra lo entreviste, examine, "en detalle", y establezca cuál pudo ser "su estado psíquico y el grado de su trauma (…), porque era hostigado por esta señora, sufría constantes acosos y por eso reaccionó. (Él) no planificó el hecho, no llevaba el arma homicida (al lugar del crimen)", dijo Sait.
Las consecuencias de que un psiquiatra establezca si Pérez pudo comprender lo que hacía y dirigir sus actos es clave para la Defensa, pues una eventual opinión de ese experto sobre alguna alteración mental podría llevarlos a instalar la teoría de un estado de emoción violenta (eso atenuaría la pena por el delito que le atribuyen, castigado con perpetua). O lo desvincularía, si acaso determinara que no estaba en su juicio y, por lo tanto, sería inimputable.
En favor de esta hipótesis, existirían al menos antecedentes: un supuesto pacto suicida entre Pérez y la víctima, en el que sólo él llegó a consumir veneno y debió ser internado (en el entorno de la víctima aseguran que eso lo hizo luego de golpearla, por supuesto arrepentimiento). Y uno de los dos audios enviados después del crimen a un amigo y a una de sus exparejas. A la mujer le dijo: "el (sic) metí cinco apuñaladas (sic) a la otra mugrienta, hija de put…, si todos los días me viene amenazando".
En el audio enviado a su amigo, también admitió su culpa: "Loco, tuve que hacer el trabajo que tenía que hacer, anoche me han caído y me han buscado, ahora le metí cinco puñaladas a la otra cul… a la encargada del cementerio".
Para Fiscalía, todo indica que Pérez comprendió lo que hacía y que debe recibir el castigo máximo. Ayer, el fiscal coordinador, Adrián Riveros y sus colaboradores, Sebastián Gómez, César Recio y Leonardo Arancibia (UFI de Delitos Especiales), enumeraron cada una de las pruebas recabadas hasta el momento en que el imputado se entregó (a las 3,15 del 18 de febrero) y que lo complican seriamente.
A saber: dos de los compañeros de la mujer en el cementerio que, a unos 40 metros, vieron a Pérez atacar a su ex (otros dos lo vieron huir). Los audios que envió a su amigo y a otra ex. Una denuncia de la víctima en un juzgado de Paz, por violencia doméstica. La encuesta ambiental a vecinos del sospechoso, que dijeron haber escuchado "a diario", las discusiones y peleas que tuvieron en sus momentos de convivencia. El testimonio de dos hijas de la víctima, sobre las agresiones, amenazas y hostigamientos del ahora detenido. El informe de un psiquiatra en el que asegura que Pérez es imputable. O las dos condenas (de 1 año cada una) por lesiones y otros delitos contra su expareja y madre de sus hijos, entre las pruebas más salientes.
Ayer, cientos de personas de organizaciones en favor de las mujeres víctimas y sus derechos humanos concurrieron a Tribunales a apoyar a la familia de Yanina.
"Que Dios se apiade de él y que la Justicia haga lo que tenga que hacer", dijo a este diario Sixto Gómez, uno de los cuatro hijos de Yanina Pérez.
Al final de la audiencia, el juez Sergio López Martí le imputó homicidio agravado a Pérez y, tal como pidió Fiscalía, concedió el plazo de un año para investigar. Durante ese tiempo, Pérez cumplirá prisión preventiva en la cárcel, donde le espera (un violento) "recibimiento", según sus defensores, que pidieron protección para su cliente.