San Juan, 24 de agosto.- Enrique Gil Pérez, interventor del Servicio Penitenciario Provincial aclaró algunos puntos acerca de la polémica decisión de requisar a menores que ingresen a la unidad carcelaria a visitar familiares.

“Lo que pasa es que esa requisa venía siendo somera, y hemos detectado que los visitantes, sean esposas, concubinas, parejas que traían chicos, venían con chips, luego con tarjetas y después directamente con celulares, y últimamente detectamos que usaban a los menores para ese tráfico”, señaló el comisario, justificando la requisa.

“Hubo dos casos seguidos en los últimos días, de un menor y una menor, con celulares entre sus ropas íntimas”, declaró. “Veíamos que habían elementos prohibidos de este tipo entre los reclusos y no sabíamos su precedencia. Desconfiábamos no sólo de los visitantes sino de nuestro propio personal”, agregó Gil Pérez.

“La requisa está en el reglamento, así que no entiendo el por qué la polémica. Un agente o una agente están autorizados a hacerlo. Si es niña se ocupa la agente femenina y si es varón, obviamente, el masculino”, señaló, cuando se le consultó si habían solicitado autorización de un juez o de un profesional de la psicología o de la psiquiatría.

Un agravante de la medida, que puede importar violencia física y psíquica para el menor, es la forma de realización. “La requisa es manual, porque no tenemos elementos técnicos. Se le pide a la madre que acompañe al menor y se le exige que dejen lo que traen”, profundizó, sin acotar que sucede en caso de negación del individuo.

Acerca de la posición judicial ante la medida, manifestó desconocerla, pero afirmó que “hay una vieja resolución judicial que impide el acceso de menores, en algunos casos, al penal. Sobre eso si deberemos actuar con el poder judicial para que el tema quede claro de una vez”.

Los casos, según el funcionario, pueden ser “cuando una mujer viene con un hijo que no ha sido reconocido por el recluso, o cuando viene con el hijo de otra pareja. Ahí hay un problema de seguridad latente e importante”, agregó.

Las personas, sean mayores o menores, “que sean sorprendidas tratando de ingresar material prohibido a la unidad recibirán una sanción, que en principio será de 60 días sin poder gozar del beneficio de la visita, y si es reincidente, una pena mayor”, concluyó.