Así como hace 3 días felicitaron a dos policías que actuaron honestamente y devolvieron 10.000 pesos que encontraron en la calle, también hay duros castigos contra aquellos uniformados que cometen faltas graves o supuestos delitos de corrupción. Sólo en los últimos 30 días, el Gobierno echó de la fuerza a dos cabos y un agente, a la vez que dispuso sanciones de 30 días de suspensión para dos oficiales que cargan con causas penales abiertas.
Ellos tenían sumarios administrativos que hace años comenzaron a sustanciarse en la ahora desaparecida oficina de Asuntos Internos de la Policía, pero que se aceleraron con la creación de la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, a cargo del Ministerio de Gobierno, y ahora tiene resolución. En todos los casos se trata de sanciones internas de la Policía y que son independientes del resultados de las causas judiciales.
Uno de los que fueron expulsados y cesanteado de la Policía, con fecha 30 de mayo último, es un cabo llamado Juan Gatica que trabajaba en la Brigada de Investigaciones. Fuentes de la misma fuerza confirmaron que este efectivo fue detenido e imputado años atrás en una causa penal a raíz de que andaba en una camioneta importada con pedido de secuestro por robo.
A otro que echaron es al agente Ariel Claudio Escudero, quien atropelló y mató a un anciano de 86 años en Santa Lucía, el 30 de noviembre de 2013. El policía, que andaba con licencia médica, se fugó en su camioneta y después fue detenido por otros uniformados. Fue cesanteado el 21 de este mes.
La misma suerte corrió el cabo Jorge Vargas. Este policía y el oficial inspector Fabián Báez fueron denunciados en noviembre de 2013 por adicionales que supuestamente se hacían en un camping de Ullum y que cobraban ellos mismos, todo por fuera de la Policía. El castigo no fue igual para ambos: el 22 de este mes, se conoció la expulsión de la fuerza del cabo Vargas, mientras que el oficial Báez recibió 30 días de suspensión (sin goce de haberes). Todavía está abierta una causa por defraudación.
A raíz de otro caso por supuesta defraudación, el 23 de este mes sancionaron con 30 días de suspensión al oficial ayudante Luis García. Éste y otro oficial de apellido Prado (ya exonerado) fueron denunciados en julio de 2011, acusados de cobrar dinero a infractores para devolver sus vehículos radiados a través oficios judiciales ‘truchos’.