El Gobierno echó a tres oficiales de la Policía provincial involucrados en dos escandalosas causas judiciales. Dos de ellos fueron llevados a juicio en octubre último por el caso de la sustracción de 15.000 pesos a una pareja detenida en la Seccional 4ta en Desamparados, Capital.
El tercero es un efectivo del Comando Radioeléctrico que actualmente está procesado por simular un procedimiento judicial en la casa de un obrero de Chimbas y quitarle el auto por una deuda que tenía con una agencia. Las sanciones consistentes en la cesantía de las filas policiales se conocieron esta última semana a partir de la publicación de los decretos firmados por la Gobernación.
Hurto de dinero
Dos de los expulsados son el oficial ayudante Ernesto Fabián Fernández, de la Seccional 4ta, y la oficial subinspectora Rosa Carina Romero, de la Brigada Femenina. Ambos estaban acusados, junto a las agentes Emma Muñoz y Emilce Coria, de haber sido parte de la maniobra a partir de la cual desaparecieron esos 15.000 pesos que llevaba una pareja detenida el 14 de septiembre de 2008.
En octubre último, todos llegaron a juicio por el delito de peculado y falta a los deberes de funcionarios público. En el debate hubo acusaciones cruzadas entre los policías, pero nunca se supo qué pasó y quién de todos ellos se quedó con el dinero. El fiscal no pudo sostener la primera imputación contra los cuatro, pero achacó al oficial Fernández el delito de hurto, mientras que a la oficial Romero y Muñoz las acusó de falta a los deberes de funcionarios y en el caso de Coria pidió su absolución.
Como esos delitos tienen penas menores, y ya habían pasado 8 años, el tribunal dio por prescripta la causa y todos fueron absueltos. Fuera del resultado judicial, la Policía y el Gobierno decidieron expulsar a los oficiales Fernández y Romero por violar el Régimen Disciplinario Policial. En su momento, la agente Muñoz fue castigada con 20 días de suspensión y Coria con 20 días de arresto y volvieron a trabajar.
Por un auto
No menos bochornoso es el caso del oficial ayudante José Luis Rojas, del Comando Radioeléctrico, que pasó de estar imputado por el grave delito de extorsión (tiene pena de 5 a 10 años), estafa y falta a los deberes de funcionarios público a ser procesado por concusión (un delito menor), por un fallo del juez Pablo Flores.
El 8 de julio del 2015 este policía, junto a un agente que terminó sobreseído, fue en un patrullero al Lote Hogar 38 y, fingiendo tener una orden judicial, amenazó y engañó a una mujer para llevarse el Peugeot 405 de su hijo por una deuda con una agencia de autos. Por ese mal proceder, Rojas ahora fue expulsado de la Policía.